Pide SUEUM a UMSNH revisar situación de corte de agua en dependencias
MORELIA, Mich., 19 de marzo de 2019.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), informó que tras dos años de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá seguir una serie de indagaciones e iniciar procedimientos de responsabilidad por el espionaje cometido por el Gobierno de Enrique Peña Nieto con el programa Pegasus.
Al anunciar en Morelia que la próxima semana se relanzará la Alianza para el Gobierno Abierto, que había sido suspendida tras comprobarse que se espió a periodistas, activistas, ciudadanos y actores públicos, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Inai, notificó que ya se presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Dos días antes de concluir nuestro largo procedimiento de investigación, y luego de verificación sobre las gestiones institucionales de la entonces PGR, nos llegaron las evidencias de que había dos contratos que la PGR hizo en los años 2015 y 2016 por más de 230 millones de pesos para seguir utilizando las licencias de uso de Pegasus, cosa que había negado rotundamente a lo largo del proceso de investigación”, comentó.
En la Alianza para el Gobierno Abierto participó por más de dos años la Secretaría de la Función Pública, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) y el Inai, pero después de que se comprobara que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -convertida actualmente en Fiscalía- espiara a una serie de personajes, ésta terminó.
“El Inai se quedó solo como columna, pero en lugar de mantenerse pasivo, inició una investigación que terminó hace unas semanas en la que encontró motivos suficientes para que se sigan procedimientos de responsabilidad por parte de la Fiscalía General de la República que encabeza don Alejandro Gertz Manero”, comentó Acuña Llamas.
Agregó que el órgano interno de control deberá seguir investigaciones para atar cabos concretos por el incumplimiento de protocolos que merecía el software Pegasus, que fue adquirido por la extinta PGR entre 2015 y 2016 para infectar teléfonos celulares y cometer espionaje.
“Este tipo de herramientas está previsto que en la democracias se adquiere por el Estado en algunas de sus dependencias, pero debe de tener un uso controlado, justo y autorizado por el Poder Judicial, cosa que aquí no hay evidencias de haberlo sido así”, apuntó.
Agregó que el Inai intervino en este caso de espionaje por el uso indebido de datos personales y detectó que no había evidencias de un protocolo para alojar en los sistemas informáticos, un software de esta naturaleza, como es Pegasus. “Todo ese conjunto de inconsecuencias institucionales nos permiten aseveran que hubo un uso extraño, atípico e irregular del mismo, y no se descarta que haya sido utilizado en forma inadecuada y contraria a la Ley”, dijo.
En este sentido, Acuña Llamas hizo un llamado a todos los sujetos obligados del país que no han concluido sus procesos de planes de Gobierno Abierto, a integrarlos, sin embargo, aclaró que no existen plazos para cumplir con este procedimiento, sino que “se demuestran andando”.
“Michoacán tiene la oportunidad de ser un modelo de ejercicio de Gobierno Abierto con las autoridades actuales, las organizaciones de la sociedad civil y el IMAIP (Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales)”, concluyó.




