MORELIA, Mich., 26 de marzo del 2017.- Desde hace más de un año la organización del trasporte público Commit le pelea una ruta a los transportistas de Tarímbaro, y con ello ha afectado a más de mil ciudadanos de la comunidad El Calvario, que han quedado en medio del conflicto y sin forma de ir a sus trabajos, volver sus hogares, o llevar a sus hijos a la escuela.
En común acuerdo en 2015, los ejidatarios acordaron pedir a los transportistas de Tarímbaro les dieran el servicio, ya que los de la Commit, de Morelia, se negaban a ir hasta esa comunidad, ubicada a dos kilómetros de la carretera federal Morelia-Salamanca.
Después de la gestión, los transportistas de Tarímbaro aceptaron darles el transporte, pero entonces comenzaron los problemas, ya que los de la Commit, dijo, se estaban metiendo en su ruta y que no estaban autorizadas, argumentos que fueron admitidos por la entonces comisionada de la Coordinadora del Transporte (Cocotra), Julieta Gallardo.
Así, las unidades de Tarímbaro, que conducen a esa cabecera, fueron retiradas y reinstaladas, una y otra vez, quedando los pobladores expuestos a ser asaltados e incluso fallecieron algunos vecinos de la localidad cuando sus familias los intentaban llevar a tomar un camión a la carretera federal, dijeron al unísono Gaudelia Andrade, Laura Corona y Gisela Espinoza, vecinas de la comunidad que denuncian la situación que les aqueja y llegó a un punto de quiebre el viernes 24, cuando bloquearon por tercera vez la citada carretera.
Desde la perspectiva de las denunciantes, sus derechos humanos están siendo violados, ya que tienen derecho a que se les asigne un transporte público que les asegure el trabajo y el acceso a la educación.
Y en este entendido han interpuesto ya la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y buscado toda clase de acercamiento con Marco Antonio Lagunes, actual titular de la Cocotra, pero no han encontrado respuesta.
Además, denuncian que el grupo de la Commit, liderado por Marcos Saucedo, es apoyado por la Cocotra y que, incluso, les autorizan la detención de las unidades del transporte de Tarímbaro, pese que no es de su competencia.
Ahora su preocupación es quedarse sin transporte que llegue a la comunidad, y con ello exponer a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y de la tercera edad a ser robados o sufrir algún delito, toda vez que tendrían que caminar dos kilómetros sin luz durante la noche para regresar a casa, y en la madrugada para salir a clases y el trabajo.
A nombre de la población de El Calvario, municipio de Álvaro Obregón, Gaudelia Andrade, Laura Corona y Gisela Espinoza solicitan al Gobernador Silvano Aureoles intervenga para solucionar el conflicto del transporte público que ha aquejado a su comunidad desde hace más de un año.