MORELIA, Mich., 16 de junio, 2020.- Son muchos los retos que tendremos que enfrentar las mujeres en el proceso electoral del 2021, pero existe la confianza en el sector femenino obtenga mayor representatividad, coincidieron en señalar las especialistas Elvia Higuera Pérez y Selene Vázquez Alatorre.
Señala un comunicado de prensa que, durante el encuentro virtual sobre el tema “Paridad electoral y violencia política, organizado a través del movimiento Enlace Social, mencionaron los avances que han logrado las mujeres para que sean reconocidos sus derechos y puedan competir en mejores condiciones, pero aún hay retos que deben enfrentar como la desigualdad en materia económica, la brecha digital o la simulación política.
Señalaron que a pesar de los logros en las leyes, en los hechos siguen registrándose esquemas que favorecen a los varones, como el caso llamado de las “Juanitas”, donde las candidatas propietarias eran mujeres y los suplentes hombres, ellas ganaban y luego renunciaban para dejar finalmente el cargo a un varón.
Para e 2015 se establece a nivel de la Constitución que propietario y suplente fueran mujeres; sin embargo, los partidos las postulaban en lugares donde no tenían representatividad o donde había una gran presencia del crimen organizado, lo que ocasionó que a pesar de las reformas, disminuyera por ejemplo el número de presidentas municipales en Michoacán, al pasar de 11 o únicamente tres.
En la elección del 2018, hubo mejores condiciones y se logró que 24 mujeres se convirtieran en presidentas municipales, pero si recordamos que Michoacán tiene 113 municipios –Cherán tiene un esquema de gobierno distinto- para hablar de una verdadera equidad al menos 56 deberían ser gobernados por mujeres.
Selene Vázquez y Elvia Higuera añadieron que otro aspecto desfavorable para el sector femenino ha sido la violencia política, por lo que ahora que ya se considera como delito y que se creó el Observatorio de participación política de las mujeres, se espera que haya un mejor esquema de participación para ellas.
De hecho si algún aspirante es procesado y sancionado por ejercer violencia política, se le puede negar el registro; en ese sentido el estado de Oaxaca ha ido un paso más adelante al agregar que lo mismo suceda con quienes hayan sido condenados por violencia doméstica o por incumplir la pensión alimenticia.
Elvia Higuera comentó que en el resto de los estados la legislación todavía no tiene esos alcances, pero los partidos políticos deberían evaluar el costo social y político que les implicaría postular a candidatos con antecedentes de violencia política, doméstica o acoso sexual.