MORELIA, Mich., 24 de agosto de 2016.- Debido a que no se ha cumplido el artículo 5 Transitorio del Decreto 351 en materia financiera, el Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) interpusieron un amparo para que se cumpla la instrucción plasmada.
La abogada e integrante del Cemide, Alma América Bárcenas Ortega, indicó que si el Decreto 351 fue publicado el 26 de noviembre de 2014, el día siguiente, 27 de noviembre de 2014, entró en vigor, y al día 28 siguiente comenzaron a trascurrir los plazos establecidos en tal Decreto.
Aseveró que ya fueron admitidos los amparos presentados por Cemide, así como por Canaco, ante la justicia federal y se analicen los créditos contratados al amparo del Decreto 22.
“El Congreso emitió un decreto en el que autoriza al gobierno del estado a reestructurar, contratar y refinanciar la deuda que se tenía hasta esa fecha, pero en el artículo Quinto transitorio instruye el Congreso del Estado a la Auditoría Superior de Michoacán para que, en un plazo de 30 días, le entregue información sobre cuál fue el destino y erogaciones efectuadas en relación a esos decretos.
“Desde noviembre de 2014 a la fecha no se ha cumplido con dicha determinación y en función de ello es que se presentan diversos amparos primero por Cemide y enseguida por diversas organizaciones del estado, en el cual el acto reclamado consiste en que no se han entregado esas cuentas ni cumplido con ese decreto”.
Este amparo es contra la Auditoría Superior de Michoacán por la omisión en la entrega del decreto, por lo que piden que se repare la falla de no notificar oportunamente al Congreso del Estado los desembolsos efectuados por el gobierno a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, del crédito simple contratado con Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, como acreditante, y el estado de Michoacán como acreditado, por un monto de 1 millardo 340 millones de pesos, que según información proporcionada oficialmente se modificó de tiempo en tiempo, y cuyo saldo al 31 de octubre de 2014 asciende a 1 millardo 284 millones 179 mil 933 pesos, especificando detalladamente su aplicación.
Exigen, según el documento presentado, que se investigue el destino de todos los créditos bancarios contratados al amparo del Decreto Legislativo 22 y los que se contraten al amparo del Decreto número 351 y que informe periódicamente, a través de sus informes trimestrales, de los pliegos de observaciones y de presuntas responsabilidades que se vayan notificando a las autoridades responsables de solventar unos y desvanecer otros, hasta que causen estado las resoluciones que emita, en el momento procesal oportuno, el órgano superior de fiscalización del Congreso del Estado.
En el caso del Congreso, acusan que la omisión es en el requerimiento o exigencia en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Auditoría Superior de Michoacán, contenidas artículo Quinto Transitorio del Decreto número 351, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 26 de noviembre del 2014; pormenorizadas en el apartado anterior.