Avanza Fiscalía de Michoacán en garantizar acceso a la justicia de pcd

MORELIA, Mich., 15 de marzo de 2026.- En cumplimiento de los ejes institucionales de inclusión y respeto a los derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, llevó a cabo una mesa de trabajo estratégica con integrantes del colectivo “Nada sobre nosotros, sin nosotros”, con el objetivo de avanzar en la elaboración del Protocolo de Atención para Personas con Discapacidad en el Proceso de Procuración de Justicia.

El encuentro fue encabezado por el Director General Jurídico y de Derechos Humanos, José Daniel Moncada Sánchez, quien destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones y sociedad civil para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente su derecho de acceso a la justicia, precisa en comunicado de prensa.

Durante la sesión de trabajo se abordaron diversos ejes temáticos orientados a consolidar un instrumento que permita eliminar barreras y asegurar una atención digna e incluyente dentro de los procesos de procuración de justicia.

Así mismo, se trabajó en la identificación de ajustes razonables que permitan fortalecer la atención a este sector de la población, tales como la implementación de sistemas de comunicación accesibles, mejoras en accesibilidad arquitectónica y señalética universal, así como el desarrollo de metodologías de atención diferenciada de acuerdo con el tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual o psicosocial.

Como parte de los acuerdos del encuentro, la Directora de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Diovana Rodríguez Corona, estableció el compromiso de mantener un canal de comunicación permanente y bidireccional con colectivos defensores de los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de consolidar un proceso participativo en la construcción de este protocolo.

Con estas acciones, la FGE reafirma su compromiso de avanzar hacia un modelo de justicia incluyente, en el que la participación de la sociedad civil organizada sea un pilar fundamental para la creación de instrumentos normativos que generen un impacto real en el acceso a la justicia para todas las personas.