MORELIA, Mich., 15 de octubre de 2018.- La auditoría forense a la cuenta Cargos por aplicar, en la que se registraron los créditos contratados entre 2003 y 2014, fue una condición que puso el Congreso del Estado a cambio de aprobar la última reestructura de la deuda pública, reveló el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Adrián López Solís.
El ex secretario de Gobierno explicó que el objetivo era tener mayor información sobre el destino de los recursos que se obtuvieron vía créditos en ese lapso, pero no fue hecha para determinar responsabilidades porque no participaron peritos en ciertas materias que son necesarias, según se reconoce en el propio informe final.
“A ello yo agregaría que no es posible que por vía de una auditoría se determine la responsabilidad de personas, cuando a estas personas no se le ha seguido un procedimiento y no se les ha dado el derecho de audiencia, es decir este informe apenas son indicios o datos para poder, en su caso, quién así lo considere pertinente iniciar ante la autoridad competente los procedimientos correspondientes”.
Incluso, agregó, lo que entregaron a los legisladores es un resumen del informe donde se hacen precisiones en relación a determinados registros contables, a la identificación de determinadas cuentas al origen y destino de algunos créditos y no puede por la naturaleza del documento, con base en él, considerarse que alguien es responsable de tal o cual acción.
Desde su punto de vista esa información es para iniciar un procedimiento, quien tenga competencia para ello, como el Congreso del Estado, la Auditoría Superior de Michoacán o la Secretaría de Finanzas y Administración, pero bajo el principio del debido proceso y la presunción de inocencia, pero en este momento no se puede prejuzgar ya que solo es el resultado de una investigación especializada.
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Orihuela Estefan coincidió en que se tiene que realizar una investigación a fondo para poder establecer sanciones a quienes hayan ejecutado de mala forma los recursos de los michoacanos y es el Ejecutivo porque el Congreso del Estado cuando aprobó los créditos estableció hacia dónde iban dirigidos.
Donde hay problema es en los recursos que fueron autorizados para inversión en infraestructura o para fines específicos, pero que fueron utilizados para gasto corriente, principalmente en servicios personales que no era el propósito de la deuda pública.
“Hoy lo que queremos es llegar al fondo del asunto, que dejemos de simular, que dejemos utilizar artimañas para poder ejecutar de una forma los recursos y que no haya transparencia; yo creo que el Congreso tiene como responsabilidad dar certeza a los ciudadanos”, indicó el legislador.