Asesinados, 16 periodistas en Michoacán; 4 desaparecidos

MORELIA, Mich., 23 de diciembre de 2025.- En Michoacán han sido asesinados 16 periodistas y al menos cuatro más permanecen desaparecidos desde 2006, con investigaciones mayoritariamente estancadas, archivadas o sin sentencias firmes, un escenario de impunidad que durante 2025 se tradujo en agresiones sistemáticas, discurso de odio y violencia directa desde autoridades estatales y municipales contra periodistas en el ejercicio de su labor, advirtió Patricia Monreal Vázquez, vocera del colectivo Ni Uno Más Michoacán.

En entrevista con Quadratín, la periodista de Regla de Tres y Contramuro, y corresponsal de Proceso, explicó que el año inició con un antecedente inmediato y grave: el asesinato de un periodista en Uruapan en octubre de 2024, el primero ocurrido durante el actual gobierno federal, lo que marcó el arranque de 2025 bajo un contexto de alto riesgo para la prensa en el estado.

Señaló que prácticamente desde el inicio del año comenzaron a registrarse agresiones provenientes de autoridades. Recordó el caso del periodista Jazael, de Radio Fragua, quien fue víctima de persecución, amenazas y violencia legal tras cubrir una asamblea comunal en Salvador Escalante. 

Detalló que la agresión inició con una campaña de descrédito, seguida de acciones legales y amenazas constantes a lo largo del año, atribuibles a la presidenta municipal María Dayana Pérez Mendoza.

Indicó que este caso evidenció cómo el uso del aparato institucional se convirtió en una herramienta de hostigamiento contra el ejercicio periodístico.

Monreal Vázquez también recordó el incidente ocurrido dentro de las instalaciones del partido Morena, donde se generó discurso de odio contra dos periodistas, Dalia Villegas Moreno y Naomi Carmona, por parte de militantes del propio partido, entre ellos Julio Peguero y la regidora Mariana Orozco. 

Subrayó que este episodio sentó un precedente inédito en Michoacán, ya que ambos actores ofrecieron una disculpa pública directa a las periodistas afectadas. 

Señaló que, a diferencia de otros casos donde las disculpas públicas derivan de resoluciones institucionales o recomendaciones de organismos de derechos humanos, en este hecho hubo un reconocimiento explícito del error y del discurso de odio ejercido, algo que no se había registrado a nivel nacional fuera de un marco institucional.

La vocera del colectivo advirtió que, lejos de disminuir, el discurso de odio se extendió durante el año, particularmente en el municipio de Uruapan, donde el entonces alcalde Carlos Manzo Rodríguez protagonizó reiteradas descalificaciones contra periodistas.

Indicó que esta situación derivó en una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, promovida por la periodista Lucero D. Estrada con acompañamiento del colectivo Ni Uno Más Michoacán. 

Añadió que, además del discurso de odio, Lucero fue víctima de violencia digital y amenazas contra su integridad y la de su familia.

Explicó que el colectivo también presentó denuncias formales contra el edil, lo que provocó amenazas de muerte dirigidas incluso a través de la página de Facebook del propio colectivo.

 Señaló que la carpeta de investigación permanece estancada y que, tras el asesinato de Carlos Manzo, el caso quedó empantanado. 

Los últimos informes recibidos indican que apenas se iniciaban labores para identificar a los usuarios de las cuentas digitales desde donde se emitieron las amenazas, sin resultados concretos.

Monreal Vázquez se refirió también a la impunidad en casos emblemáticos, como el asesinato del periodista Armando Linares, ocurrido hace más de tres años. 

Indicó que, aunque fueron detenidos dos presuntos responsables, ambos quedaron en libertad por actuaciones irregulares de jueces, dejando nuevamente sin acceso a la justicia a las víctimas y reforzando la percepción de colusión o negligencia dentro del Poder Judicial.

En marzo, añadió, se documentó un caso de violencia laboral dentro del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, donde se intentó despedir de manera irregular al trabajador Ismael Herrera. 

Aunque finalmente se logró su permanencia, el caso evidenció prácticas de hostigamiento laboral dentro de medios públicos.

En el ámbito legislativo, Monreal Vázquez destacó la presentación en abril de la llamada Ley Mauricio ante el Congreso del Estado, cuyo objetivo es tipificar el discurso de odio contra periodistas en el ejercicio de su labor. 

Explicó que esta iniciativa surgió a partir del riesgo real que representaba la normalización del discurso de odio, particularmente tras los señalamientos públicos realizados por Carlos Manzo, y advirtió que la propuesta continúa detenida en comisiones. 

Añadió que existía expectativa de que pudiera avanzar al cumplirse un aniversario del asesinato de Mauricio Cruz Solís, pero este proceso se vio frenado por el asesinato del propio alcalde de Uruapan.

La periodista también se refirió a la reforma al Código Penal promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en materia de apología del delito, la cual calificó como ambigua y riesgosa para la libertad de expresión. 

Señaló que dicha reforma abría la puerta a la censura y a la persecución del ejercicio periodístico.

 Indicó que, tras una movilización del gremio, se logró incorporar una excepción para el ejercicio periodístico, aunque sostuvo que la redacción siguió sin brindar certeza jurídica.

Ante ello, explicó que el colectivo promovió diversos amparos contra la reforma, uno de los cuales, presentado por el periodista Raúl López Tellez, fue resuelto a su favor por un juez federal, quien determinó que la reforma era contraria al derecho a la libertad de expresión y que no debía ser aplicada en su caso.

 Añadió que, debido a que los amparos se promovieron de manera individual, hubo resoluciones diferenciadas.

Asimismo, informó que el colectivo impulsó una acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma, misma que fue acogida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que actualmente se encuentra en espera de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Monreal Vázquez advirtió que recientemente se aprobaron reformas relacionadas con violencia digital que, por su deficiente redacción, representan un riesgo adicional para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, al dejar amplios márgenes de interpretación a ministerios públicos y jueces.

En este contexto, recordó los episodios de violencia registrados durante las movilizaciones de noviembre de 2025. 

Señaló que el 2 de noviembre la periodista Dalia Villegas Moreno fue agredida directamente por el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera, quien la despojó de su equipo y lo intervino, para borrar el material videográfico, tras someterla mediante el uso de la fuerza con numerosos elementos de seguridad.

Indicó que el Gobernador no ha asumido responsabilidad alguna y que su respuesta pública fue vaga, sin aclarar el manejo de los videos de seguridad del interior del Palacio de Gobierno.

Detalló que en días posteriores el periodista Rodrigo Sandoval fue sometido por agentes de seguridad tras señalar la detención arbitraria de una persona ajena a las movilizaciones. 

Añadió que en un tercer día de protestas se registraron agresiones generalizadas contra periodistas que continuaban realizando cobertura, incluyendo detenciones arbitrarias, sometimientos por el cuello, golpes con tolete y escudo, codazos en el rostro, encapsulamientos, destrucción de herramientas de trabajo y amenazas directas, sin que hasta ahora se haya fincado responsabilidad institucional, más allá del retiro administrativo de un elemento.

Finalmente, Monreal Vázquez subrayó que Michoacán acumula 16 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos desde 2006, con la mayoría de los casos en total impunidad. 

Señaló que, incluso en los pocos casos donde hubo detenciones, los responsables han sido liberados o procesados de manera deficiente. 

Criticó que la Fiscalía General del Estado no muestre resultados concretos y que, de manera recurrente, opte por la criminalización y revictimización de periodistas y sus familias.

Concluyó que mientras no existan investigaciones exhaustivas, sanciones penales y administrativas, reparación del daño y garantías reales de no repetición, la violencia contra periodistas en Michoacán seguirá siendo estructural y permanente, y no hechos aislados.