A 8 años de la masacre, exigen que FGR atraiga caso Arantepacua 

MORELIA, Mich., 5 de abril de 2025.- A ocho años de la incursión policial en la comunidad indígena de Arantepacua, Nahuatzen, que dejó cuatro comuneros asesinados, más de 48 personas torturadas y múltiples heridos, habitantes de la localidad reiteran su exigencia de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación, al considerar que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) incurre en un conflicto de interés.

Entrevistado este sábado, Enrique Guerrero, representante legal del movimiento y de la comunidad, explicó que, aunque se han registrado avances significativos en materia de reparación del daño, no existe ningún detenido por los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017. 

Como hemos anunciado, en la parte de castigo a los responsables no existe ni un solo detenido, y esto se explica esencialmente porque uno de los perpetradores, el actual fiscal general del estado, tiene a su cargo las investigaciones”, señaló.

Guerrero subrayó que es ilegal e irracional que Adrián López Solís, entonces secretario de Gobierno durante la masacre y hoy titular de la FGE, encabece las indagatorias. “Cualquier persona puede entender que uno de los probables perpetradores no puede tener en sus manos la investigación”, sentenció.

A nombre de la comunidad, el abogado demandó que la FGR asuma la investigación y que la Presidencia de la República impulse la creación de una Comisión de la Verdad. 

"La Fiscalía General de la República puede atraer casos del fuero común cuando estos revisten un interés o una trascendencia nacional y social significativa”, argumentó. 

Además, recalcó que el fiscal estatal está legalmente obligado a excusarse de los casos en los que tenga intereses personales o haya manifestado públicamente una postura parcial, como ocurrió en este caso.

Guerrero reprochó que mientras la FGR ha avanzado en investigaciones por corrupción contra exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles, como Juan Bernardo Corona, entonces secretario de Seguridad Pública, aún no existen órdenes de aprehensión en su contra por la masacre de Arantepacua. 

Lo más grave que hicieron fue homicidios y torturas. Es inaudito que a la Fiscalía General de la República le interesen más los millones que la vida de los purépechas asesinados”, reclamó.

El abogado lamentó que la masacre de Arantepacua no haya sido atendida con la misma diligencia que otros casos mediáticos. 

Existen antecedentes de otros casos del fuero común que la FGR ha atraído de inmediato. En este caso incluso existe una minuta de trabajo firmada en 2022, donde la FGR se comprometió a coadyuvar en las investigaciones y analizar si debía atraer el caso. Han pasado tres años y ya es momento de que se tome esa determinación”, enfatizó.

Respecto a la coadyuvancia de la FGR, Guerrero reconoció que ha sido útil para el avance de las diligencias. 

“Gracias a su colaboración se han podido desahogar cientos de entrevistas ministeriales, peritajes, videograbaciones y pruebas documentales”, detalló. 

Sin embargo, insistió en que “la batuta de la investigación sigue en manos de Adrián López Solís y eso es lo que es ilegal e irracional”.

En cuanto a la reparación del daño, el abogado indicó que se ha avanzado considerablemente tanto en medidas colectivas como individuales. 

“El hospital se está edificando, aunque hay algunos atrasos; se está construyendo un memorial, se concluye una unidad deportiva y la mayoría de las reparaciones individuales ya se han logrado”, explicó.

 Agregó que aún están pendientes algunas acciones relacionadas con la memoria, como la realización de un documental sobre los hechos.

La comunidad determinó realizar este año su jornada de protesta en la Ciudad de México, con un acto político y simbólico frente a la FGR, al que asistirán más de 300 personas provenientes de Arantepacua y otras organizaciones solidarias. 

También esperan una mesa de trabajo con la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la propia FGR. “Ni perdón ni olvido no es solo una consigna, es una convicción. La comunidad ha dicho: ni un paso atrás”, finalizó Guerrero.