Urgente, asegurar que pueblos indígenas cuenten con defensores públicos

MÉXICO, DF., 5 de septiembre de 2013.-  La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa propuso a través de una iniciativa con proyecto de decreto, reformas a ocho artículos de la Ley Federal de Defensoría Pública en las que se busca complementar el derecho que tienen los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a ser asistidos por un defensor público especializado que tenga conocimiento de su lengua y cultura.

En honor al Día Internacional de la Mujer Indígena que se celebra hoy, Calderón Hinojosa reconoció los ordenamientos que actualmente velan en nuestro país por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sin embargo, dijo que en cumplimiento de este derecho hay algunos obstáculos a resolver principalmente para otorgar una defensa de calidad a los indígenas.

Expuso que dada la entrada en operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal – el cual es eminentemente oral-, es urgente asegurar que dentro de los procesos penales, los pueblos indígenas cuenten con defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas.

“Según cifras del Instituto Federal de Defensoría Pública 2012, dicho instituto cuenta con 24 defensores especializados en lenguas y cultura indígena, lo cual resulta insuficiente para la atención de todos y cada uno de los indiciados y procesados ante la existencia de 364 variantes lingüísticas en México de las cuales 64 están en riesgo de desaparecer”, señaló la Senadora.

A decir de la legisladora aún existen grandes obstáculos, principalmente cuando  los defensores de oficio carecen de preparación como traductores o intérpretes en lenguas indígenas; por otra parte,  cuando se trata de traductores o intérpretes certificados que conocen la lengua indígena carecen de formación académica necesaria para la correcta defensa del indígena, además de no contar con título de licenciado en derecho, requisito indispensable para poder fungir como defensor en una causa penal.

Finalmente, Calderón Hinojosa urgió  complementar el derecho que tienen los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a ser asistidos por un defensor público que tenga conocimiento de su lengua y cultura, mandato constitucional plasmado desde el año 2001 y que hasta el día de hoy no se ha realizado a cabalidad.