MORELIA, Mich., 12 de diciembre de 2014.- “Es necesario destinar recursos económicos a las instituciones involucradas en el nuevo sistema de justicia penal para que puedan cumplir con las responsabilidades inherentes al nuevo sistema, que la implementación sea optima y le cumplamos a la ciudadanía”, señaló Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial y del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán.
De acuerdo con un comunicado, en sesión extraordinaria del Consejo implementador, solicitó al Honorable Congreso del Estado la revisión del presupuesto para la Defensoría Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y Poder Judicial de Michoacán, con la intención de que tengan un presupuesto más idóneo para lograr la implementación de esta nueva forma de impartir justicia, de manera más eficiente y acorde con las expectativas.
Asimismo, Magaña de la Mora reiteró el exhorto a las instituciones académicas a fin de que actualicen sus planes de estudio e incorporen materias del sistema acusatorio adversarial oral, como técnicas de litigación oral, argumentación e interpretación jurídica, etapas del proceso penal y medios alternativos de solución de controversias, de manera que los estudiantes que egresen de las carreras de derecho estén preparados para el nuevo sistema de justicia penal.
A los colegios, barras y asociaciones de abogados solicitó que se sigan acercando a la Secretaría Ejecutiva del Consejo encargado de la implementación, seguimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal, a efecto de continuar ubicando los mecanismos para la capacitación de sus asociados.
De igual forma, el magistrado presidente llamó a los medios de comunicación a continuar en contacto con dicha Secretaría y realizar sugerencias de espacios para la capacitación de los periodistas, “así, de forma conjunta, lograremos condiciones óptimas para la entrada en vigor del nuevo sistema”.
Cabe señalar que durante la sesión extraordinaria del Consejo implementador se aprobó enviar al Congreso del Estado las declaratorias de incorporación al nuevo sistema y los términos de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el estado, así como el proyecto de decreto para abrogar el Código de Procedimientos Penales estatal.