Sólo 10% de menores que dejan sus comunidades continúa estudios

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2016.- La Segunda Comisión de la Permanente analiza una propuesta para exhortar a las secretarías de Educación Pública (SEP) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), a que coordinen y supervisen la apertura de centros educativos temporales en campos agrícolas que contraten a jornaleros.

De acuerdo a un comunicado de prensa, fue presentada ante la Comisión Permanente por los diputados Nora Liliana Oropeza Olguín y Edgar Romo García (PRI), quienes destacan que la mayoría de trabajadores del agro proviene de otras regiones y, en muchos casos, tienen que desplazarse en compañía de sus familias, entre ellos, menores de edad que requieren continuar sus estudios.

El planteamiento también solicita a ambas dependencias garantizar una planta docente suficiente y especializada para menores en esta situación, así como expedir la constancia de estudio correspondiente, y vigilar que propietarios de campos agrícolas que contraten a jornaleros, faciliten el espacio necesario para actividades educativas.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cada año, alrededor de 300 mil niñas y niños de nuestro país abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades.

De ellos, menos del 10 por ciento de éstos asiste a la escuela, estima la SEP.

Oropeza Olguín y Romo García destacan que durante los últimos años, muchos campesinos se desplazaron de todas las partes del país para incorporarse a actividades agrícolas, de pesca o construcción, principalmente al centro, occidente y norte de México.

A esta dinámica migratoria, en la mayoría de los casos, se sumaron sus familias sin ninguna expectativa. En gran medida, advierten los diputados, el fenómeno generó condiciones de vulnerabilidad ante flagelos como la explotación, trata de personas, hostilidad y marginación.

“Es a sitios alejados, donde prima la pobreza y la insalubridad, donde llegan los jornaleros, cuyos hijos, los menores de edad, también deben incorporarse a actividades laborales, no obstante que la Ley del Trabajo lo prohíbe”, enfatizan.

En sentido estricto, acotan, la necesidad hace que los migrantes internos posterguen la educación de sus hijos, quienes corren el riesgo de quedar olvidados entre los pobres, sin calificación y sin educación.

Oropeza Olguín y Romo García subrayan que en México, por ley, no hay cabida a la injusticia, la discriminación y el derecho a la educación. De ahí la necesidad de crear centros educativos especializados para el mejor desarrollo de los niños migrantes.

“Basta de ambigüedades hacia su educación. La enseñanza debe ser significativa y efectiva, porque esa población que migra de una entidad a otra en el país, debe gozar de los mismos derechos que los otros niños, como lo consagran los tratados internacionales de los que es parte México”, concluyen.