Sin estudios, el 27.9% de la población discapacitada

MORELIA, Mich., 17 de marzo de 2016.-  La Cámara de Diputados aprobó con 403 votos a favor, el dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva. Se devolvió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Según un comunicado de prensa, su finalidad es crear bajo el principio de inclusión e igualdad sustantiva, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, permitiendo al educando su plena inclusión y participación en la sociedad.

El documento destaca la importancia de promover el valor de la inclusión y la no discriminación, así como fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

Busca especificar que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación.

Argumenta que el Censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010, muestra que el sector con discapacidad de 3 a 29 años se encuentra en desventaja frente a su contraparte sin discapacidad, ya que 45 de cada 100 asisten a la escuela, y entre las personas sin discapacidad lo hacen 56 de cada 100.

El mismo Censo reportó que entre la población con discapacidad, el 27.9 por ciento no tiene estudios, 45.4 por ciento terminó al menos un año de primaria, 13.3 por ciento uno de secundaria, 7.3 por ciento uno de media superior y 5.2 por ciento uno de superior.

De igual modo, el 86.6 por ciento de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación básica, lo que sin duda requiere fortalecer el tema educativo destinado a las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad, con el objetivo de garantizarles una vida digna y autónoma.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputada Hortensia Aragón Castillo, expresó que se trata de emprender esfuerzos para que la educación pueda ser accesible para todas y todos.

Se incorpora el concepto de inclusividad dentro de la Ley General de Educación, situación que implica poder señalar con precisión el compromiso que se tiene de impulsar, promover, incluir y hacer posible el acceso a estos estos servicios de quienes tienen un grado de discapacidad permanente o de manera temporal.

“México está, en este momento, no sólo cumpliendo con una disposición que ha sido parte de los compromisos contraídos con la Unesco, sino cumpliéndole a las y los mexicanos, independientemente de la condición que tengamos”, afirmó.

Al fijar la postura de su grupo parlamentario, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (Encuentro Social) refirió que se debe garantizar el acceso a la educación a todos los mexicanos sin importar sexo, edad, nivel socioeconómico, raza, credo, discapacidades o aptitudes sobresalientes.

Se pronunció a favor del dictamen, pues su objetivo, dijo, es adecuar el marco jurídico para mejorar el entorno educativo de niñas, niños y adolescentes que padecen alguna discapacidad. “El Estado debe responder a la inclusión educativa, pues el 86 por ciento de la población del país que sufre alguna invalidez, sólo cursa la educación básica”.

De Nueva Alianza, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral señaló que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) precisa que el 27 por ciento de infantes que padece alguna discapacidad nunca llega a estudiar la secundaria. “Esto no puede seguir pasando en un país que pretende avanzar en materia educativa”.

“Excluir a casi la mitad de las niñas y niños que tienen imposibilidades y negar sus derechos fundamentales, no puede permitirse; nuestro país está obligado por diversos compromisos internacionales a garantizar que todos gocen sus derechos sin ninguna clase de discriminación”, comentó.

El legislador Jorge Álvarez Maynez (Movimiento Ciudadano) expuso que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que en México, alrededor del 55 por ciento de los niños con discapacidad no asisten a la escuela o no ejercen cabalmente su derecho a la educación.

Observó positivo el dictamen ya que “supera un rezago en materia educativa y se atienden recomendaciones a convenios y tratados internacionales; además, se cumple un derecho que “ha sido negado trágicamente a millones de niñas y niños en México”.

María Patricia Aceves Pastrana, diputada de Morena, indicó que en la Constitución se reconoce el derecho a la educación para todos los mexicanos; sin embargo, durante largo tiempo la población con algún tipo de discapacidad estuvo en la desatención absoluta.

Consideró que el dictamen intenta vencer algunos retos sobre rezago educativo, pero sin un mayor presupuesto para atender la formación de maestros, modificar instalaciones escolares, dotar de mobiliario apropiado y adecuación curricular; no pasará de ser un ajuste legal, al que tomará mucho tiempo reflejarse en la vida diaria de los alumnos.

Francisco Alberto Torres Rivas, legislador del PVEM, señaló que la inclusión de las personas con discapacidad o necesidades especiales en actividades de la vida diaria es un reto, pues se debe adecuar infraestructura y crear conciencia social.

En el sistema educativo, apuntó, aún hay segregación y más del 60 por ciento de alumnos con alguna discapacidad no culmina el nivel primaria. “Este dictamen es vía idónea para que la niñez que padece alguna discapacidad tenga acceso a educación de calidad mediante un servicio diseñado para satisfacer sus necesidades específicas”.

Por el PRD, la legisladora María Luisa Beltrán Reyes consideró que ante las desventajas en las que se encuentran este sector social, se requiere fortalecer las políticas educativas orientadas a ellos para asegurarles una vida digna e independiente.

Se pronunció a favor del dictamen, ya que busca eliminar barreras y reconocer en igualdad a los menores con alguna discapacidad. “La educación inclusiva es terminar con cualquier forma de discriminación y fomentar la cohesión social, para que los educandos cubran sus necesidades con garantía de sus derechos”.

Del PAN, la diputada Rocío Matesanz Santamaría, subrayó que es necesario promover una cultura de inclusión en el Sistema Educativo Nacional. “La responsabilidad del Estado de administrar dicho sistema, lo compromete a asegurar y prevenir que actores públicos y privados incurran en acciones que incumplan y transgredan los derechos de las niñas y niños con discapacidad”.

Con el dictamen se impulsa la capacitación del personal docente y administrativo para que faciliten la inclusión de este grupo social. Además, se integran enfoques de igualdad sustantiva.

Finalmente, el diputado Adolfo Mota Hernández (PRI) reiteró que “es indispensable hacer más igualitario e incluyente el sistema educativo del país para eliminar barreras, un sistema donde se valore la diversidad y eliminen barreras físicas que enfrentan miles de niños y jóvenes discapacitados que buscan mejorar su educación”.

En nuestro país, abundó, el 86 por ciento de la población con alguna discapacidad tiene como máximo grado de estudios la educación básica. “Este es el principal reto que afecta a niñas y niños, adolescentes, quienes buscan tener un mejor futuro a través de la educación. Y es urgente construir las condiciones legales, que no legaloides, que les garanticen una vida digna, productiva y autónoma”.