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MORELIA, Mich., 14 de noviembre de 2014.- En la actualidad, aún hay poca conciencia en los sujetos obligados a transparentar su información y muchas veces tenemos que arrancarla virtualmente, señala Irma Nora Valencia Vargas, una de los dos consejeros del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (Itaimich).
“Hay veces que tenemos que arrancar la información, actualmente tenemos varias controversias constitucionales planteadas, tenemos varias acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo y cosas de ese tipo, y esperamos que en breve haya una mayor concientización de los sujetos obligados”, destaca la consejera en entrevista.
Uno de los sectores con mayores dificultades para obtener información so, sin ninguna duda, las instituciones de seguridad pública, “en donde estaríamos hablando de controles de confianza, en los que también hay toda una gran complejidad”. Reconoce.
Sin embargo, uno de los casos más difíciles que hemos tenido con las dependencias del Ejecutivo estatal es la Secretaría de la Mujer, cuyas autoridades se niegan sistemáticamente a publicar la información mínima a la que está obligada.
Con ellos, “no hemos podido incidir como instituto, como órgano garante, para que entreguen su Programa Operativo Anual 2012, 2013 y 2014, y eso nos ha llevado a juicios de nulidad ante el tribunal administrativo ante el cual nosotros hemos argumentado que no es competente, y por eso estamos en discusiones ante la corte con controversias constitucionales”, denuncia la consejera Valencia Vargas.
Sin embargo, se muestra optimista con la reforma a la Ley de Transparencia, pues en ella se dan facultades al Itaimich que antes no tenía, y “ahora podremos imponer sanciones que harán que los sujetos obligados garanticen el derecho a la información de los ciudadanos”.
No obstante las limitaciones presupuestarias y operativas que tenía el Itaimich hasta antes del 6 de noviembre, “nunca como los años 2013 y 2014 el Itaimich no solamente ha tenido que emitir un número importante de recomendaciones, sino sanciones”, subraya la consejera.
“Yo les puedo decir, por ejemplo, que en 2013 se hicieron 12 apercibimientos, dos amonestaciones privadas y ninguna pública. Sin embargo, en lo que va de este año tenemos 26 apercibimientos, 18 amonestaciones privadas, cinco amonestaciones públicas, que son las formas que teníamos de sanción”, precisa.
“No perdamos de vista que el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental, es decir, que es útil para el ejercicio de otros derechos, y esa es la tesitura sobre la cual hemos trabajado. Ha habido momentos dolorosos para la entrega de la información, pero también debemos reconocer que hay espacios con una apertura importante y una preocupación por cumplir. Al final del día, la mejor inversión que puede tener cualquier gobierno es el trabajo en transparencia”, concluye la consejera Valencia Vargas.