Seguridad pública y justicia alternativa, temas de Foro Nacional

MORELIA, Mich, 20 de noviembre de 2013.- Para fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de Seguridad Pública, “es fundamental estandarizar procesos”, enfatizó Mariano Armando Pérez Espino, Coordinador de Actividades de Policía del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia, USAID, México, al participar en la mesa “El papel de las instituciones de Seguridad Pública en el Nuevo Sistema” dentro del Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la mesa de análisis, moderada por Alonso González-Villalobos, Director de ABA ROLI México y en la que también participó Marco Antonio Carrillo Maza, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, desarrolló temas  como las nuevas características de la investigación y detenciones, la importancia de los modelos de vigilancia y medidas cautelares, la vigilancia en el juicio como mecanismo de transparencia, y los retos y oportunidades para una correcta administración de la ejecución de la pena.

José Antonio Caballero Juárez, Académico del CIDE, planteó los temas de construcción de la investigación y construcción de la regulación de las policías. “¿Capacitación para qué? Un buen policía tiene ‘calle’. ¿Qué queremos de nuestras policías? ¿Qué necesitan las policías? ¿Qué tipo de policías necesitamos?”.

Por su parte, Rogelio Rueda de León Ordóñez, Director General de Asistencia Técnica de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, aclaró que “la imagen de la policía sí ha cambiado. Hay que reconocer los avances”. Añadió en que en los últimos años se ha invertido mucho en aspectos tecnológicos, “pero lo que realmente se necesita es una mayor coordinación entre la trilogía investigadora” –conformada por las policías, los peritos y el Ministerio Público.

Alonso González-Villalobos, Director de ABA ROLI México y moderador de la mesa, abrió las preguntas al público de donde surgieron cuestionamientos como “¿cómo le hacemos para que haya mayor coordinación entre el Ministerio Público y las policías?”, “¿por qué a los policías cuando terminan su horario de servicio no se les permite portar armas, si el peligro no termina cuando termina este horario?”, “si la reforma se estableció desde 2008, ¿por qué hasta este momento se piensa en la capacitación para el personal?” y “¿cómo el estado es garante de la seguridad de los ciudadanos pero también de los policías frente a la inteligencia que ha desarrollado la delincuencia organizada?”. Estos espacios ayudan tanto a conocer las percepciones de los asistentes como la socialización de experiencias diversas.

En la mesa cuatro, denominada “La justicia alternativa y los métodos alternos de solución de conflictos: la nueva forma de ‘hacer justicia’”, Rubén Cardoza Moyrón, consultor en materia de mediación y solución colaborativa de conflictos, dijo que debemos asumir, a casi 15 años del inicio de la justicia alternativa de manera formal en nuestro país, que se han resuelto y respondido las preguntas sobre si la justicia alternativa podría atender los conflictos entre las personas. “Se ha resuelto, incluso, si puede ser aplicada en diversos escenarios: hay mediación comunitaria, escolar, política, administrativa”.  Dentro de los retos para este mecanismo alterno de solución de conflictos, Cardoza Moyrón identificó la capacitación permanente fundada en modelos teóricos, la evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño de los mediadores, y el establecimiento de una tipología de delitos que permita encauzar los asuntos al procedimiento más adecuado.

La mesa, moderada por Eduardo Orihuela Estefan, diputado local y consejero para el Nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, versó sobre temas como la importancia y beneficios de la implementación de medios de justicia alternativa, el perfil específico y características de los operadores de los mecanismos de justicia alternativa, casos de éxito de la justicia alternativa en el Estado de Michoacá, y alcances y retos de los medios alternativos de solución de controversias.

Por su parte, Ivette de Jarmy Arce, Mediadora-Conciliadora y Facilitadora de Procesos de Justicia Restaurativa del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán, enfatizó que debemos “ver con otros ojos y no solamente con los ojos de la ley o del estigma” que se impone a una persona que ha cometido un delito. Es fundamental tener en cuenta el contexto que forma a las personas y las lleva a una conducta delictiva. “Si las personas se quedan con eso y se van a sus casas, no descansan”. La víctima tiene la necesidad de que se le explique por qué se le ha agraviado, a la vez que la persona que ha delinquido tiene necesidad de explicarse y de ser escuchada.

Oscar Gustavo Arroyo Carrillo, Mediador-Conciliador y Facilitador de Procesos de Justicia Restaurativa del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán, explicó el procedimiento que sigue un proceso de mediación-conciliación así como de justicia restaurativa, aclarando que ambos tipos de mecanismos de descongestión deben regirse por los principios de voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad.

Finalmente, Karla Karelly Villanueva Escamilla, experta en justicia alternativa, puntualizó sobre la efectividad de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, que tan sólo en Chihuahua ha llegado a resolver 56 mil casos en un año.  La especialista comentó que son necesarias diversas condiciones no sólo a nivel de cada entidad federativa, sino a nivel país, para que la justicia alternativa se consolide como una manera real de solución de conflictos entre las personas: lineamientos a nivel nacional para certificación continua; que los acuerdos tengan efectos que puedan ser ejecutados por un juez competente del caso aun cuando el incumplimiento en justicia restaurativa es muy bajo por la voluntariedad; una normativa a nivel nacional que estandarice procedimientos; personal suficiente; difusión integral; consolidación de los modelos de gestión; y una capacitación integral y permanente.