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MORELIA, Mich., 3 de noviembre de 2015.-Diputadas y expertas en materia de derechos humanos y procesos penales advirtieron que el número de mujeres reclusas, acusadas por delitos del fuero federal, principalmente por cuestiones de complicidad bajo presión de sus parejas, familias o por cuestiones económicas, se ha incrementado durante los últimos años.
Según un comunicado de prensa, al llevarse a cabo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el foro Internacional Mujeres en Reclusión, las participantes aseguraron que las indiciadas ven violentados sus derechos dentro de los centros penitenciarios por la falta de una infraestructura adecuada, y políticas públicas especializadas para su atención, principalmente de quienes son madres.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), indicó que día a día se incrementa el número de mujeres en reclusión por delitos del fuero federal y común, cuya infraestructura, organización funcionamiento y políticas no están adaptados a las necesidades de este sector.
Al considerar que las mujeres no deben ser invisibles, aun y cuando representen el cinco por ciento del total de la población reclusa, pugnó por atender las recomendaciones internacionales que les aseguren el cumplimiento de sus derechos humanos.
La LXIII Legislatura trascenderá por sus acciones en beneficio de las mexicanas, pues en este tema quedan muchos pendientes, como revisiones, políticas internas de cada centro penitenciario, el hacinamiento, etcétera.
Expresó que el foro permitirá conocer la situación de las mujeres en reclusión en México y en América Latina, y los temas pendientes en materia de legislación y políticas públicas bajo una perspectiva de género, para garantizar que estas mujeres, así como sus hijos, tengan pleno respeto de sus derechos humanos.
La titular de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, indicó que el sistema de justicia es más severo con las mujeres, por estereotipos de género. Muchas de ellas vienen de ser violentadas, “víctimas de violencia institucional disfrazada de justicia, y recae sobre ellas todo el peso de la ley, pero también de una cultura patriarcal que las discrimina, les otorga roles sociales rígidos y de entrada las culpabiliza y criminaliza”.
Señaló que los juzgadores actúan bajo una errónea conceptualización de cómo debe ser el comportamiento de las mujeres, lo que provoca prejuicios iniciales; no fueron formados en el marco de los derechos humanos, agregó, les cuesta trabajo insertar la perspectiva de género en su actuar, ignoran las cadenas de acontecimientos y situaciones que las llevaron a prisión y juzgan los delitos “con extraña pseudo-objetividad, lo que termina discriminándolas y perjudicándolas”.