MORELIA, Mich., 18 de julio de 2014.- El rescate de 458 niños y adolescentes del albergue La Gran Familia, en Zamora, volvió a evidenciar el hecho de que en México no se sabe la situación jurídica y las condiciones de seguridad de los casi 30 mil niños y niñas que viven en albergues.

Ya había pasado en 2008, en Casitas del Sur, institución de la que Ilse Michel Curiel Martínez una pequeña de sólo 10 años de edad y  otros 20 niños más, simplemente desaparecieron.

Ese escándalo vino a revelar  que no existía una base de datos de los niños que habitan en los albergues y que el Estado no tiene el control de las instituciones privadas que los alojan.  Es decir, no se sabe cómo viven, cómo los tratan y ni siquiera si van a la escuela.

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