MORELIA, Mich., 7 de julio de 2011.- Para evitar que servidores o ex servidores públicos sancionados por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) sigan solicitando el cobijo del Tribunal de Justicia Administrativa, en el Congreso del Estado ya se trabaja en una iniciativa de reforma constitucional que tendría por objeto subsanar esa deficiencia legal. La propuesta fue presentada desde el 8 de diciembre de 2011 por la Comisión Inspectora de la ASM y el 2 de junio de 2010 recibió el “ha lugar” para estudiarla de fondo por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, para lo cual fue turnada a las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Deuda Pública y de Puntos Constitucionales. El pasado 7 de junio fue firmado el dictamen que ya se dio a conocer al pleno del Congreso del Estado, en primera lectura, por lo que se prevé que en breve sería presentado para su segunda lectura, discusión y votación. La intención es reformar el artículo 95 de la Constitución Política de Michoacán, que actualmente da al Tribunal de Justicia Administrativa la facultad de intervenir en los casos de resoluciones emitidas por la ASM, con lo que exceden las atribuciones previstas para este tipo de órganos en el artículo 73 de la Constitución General de la República y se desvirtúa la naturaleza del órgano técnico fiscalizador. Para los diputados de las mencionadas comisiones unidas es necesaria la reforma constitucional para garantizar la función de fiscalización inherente al Poder Legislativo, que tiene por objetivo salvaguardar el interés de la normatividad constitucional y legal en el uso del poder público, dado que la fiscalización es una actividad eminentemente técnica y para su desarrollo requiere de imparcialidad y profesionalismo. Con la reforma, se agrega en el dictamen que ya fue presentado para su primera lectura, se contribuirá a que la función pública sea ejercida con absoluta transparencia, con trato imparcial para todos los grupos sociales y ciudadanos, rindiendo cuentas puntualmente sobre la observancia del a ley y el uso honesto y eficiente de los recursos públicos, fortaleciendo de esa forma el principio de la división y el equilibrio de poderes.