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CUERNAVACA, Mor., 6 de agosto de 2105.- La comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, propuso que junto con la armonización de las leyes locales con la Ley General de Transparencia se debe de considerar la implementación de medidas pertinentes para asegurar la correcta protección y efectividad de los derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales.
Según un comunicado, por ello, dijo, es fundamental que el INAI y los organismos garantes de las entidades federativas participen en diversas acciones de difusión, promoción y concientización, para que los funcionarios públicos asuman a la transparencia no sólo como una obligación legal, sino como un acto de convicción.
Al participar en los trabajos de la Gira de la Transparencia en esta entidad, junto con el gobernador Graco Ramírez Abreu, afirmó que este esfuerzo conjunto del Senado de la República y del INAI, para entablar diálogos con los congresos locales y organismos garantes de todo el país se ha convertido en un espacio privilegiado para generar acuerdos y convertir las reflexiones en políticas públicas concretas que resulten en beneficio de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las entidades federativas.
“Esperamos que el estado de Morelos se sume a esta importante iniciativa, para adecuar sus disposiciones a la Ley General de Transparencia e incluso ir más allá en este estándar normativo”, manifestó ante legisladores, representantes de los órganos garantes y de la sociedad civil del estado.
“Incluir disposiciones adicionales que permitan garantizar el ejercicio sin restricciones ni discriminación de los derechos que tutelamos a través de la incorporación de consideraciones a las leyes locales que atiendan a las características particulares de su población”, indicó.
El gobernador del estado de Morelos, Luis Graco Ramírez Garrido Abreu, señaló que con la reforma que prevé la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, la instalación del Sistema Nacional de Transparencia y la homologación de las leyes locales con la Ley General de Transparencia se da un paso muy importante, porque se están generando mecanismos certeros, para que la rendición de cuentas no sea un ejercicio bajo una parafernalia política.
Manifestó que la rendición de cuentas es una responsabilidad y obligación cotidiana de todos los servidores públicos, por lo que deben estar sujetos al escrutinio y rendir cuentas a la sociedad.
“La gente quiere saber quiénes somos, qué tenemos y cómo salimos una vez que servimos y usamos recursos públicos, es un derecho dela sociedad y hay que asumirlo, se acabaron los tiempos de opacidad y de estar negándole los datos a la sociedad”, aseguró.
El senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, advirtió que la leyes de transparencia que se emitan no serán suficientes, si no se acredita el acompañamiento y el respaldo dela sociedad; se requiere de la observancia, sugerencias y recomendaciones de la sociedad civil.
“No bastará con que se imprima en el texto constitucional y en las leyes disposiciones para combatir la corrupción; ésta se va a combatir cuando todos la asimilemos en su conjunto como un estilo de vida, como un modo de ser y de actuar”, enfatizó.
Mireya Arteaga Dirzo, consejera presidenta del IMIPE, señaló que es necesario homologar las disposiciones legislativas en materia de transparencia y acceso a la información pública, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo primero de la Constitución, es decir, se debe buscar siempre la evolución de los derechos, como el acceso a la información, con miras a lograr la protección más amplia para todas las personas.
“La transparencia es un medio de combate a la corrupción que inhibe las conductas que terminan lastimando a la gestión gubernamental”, planteó.
Lucía Virginia Meza Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos, expuso que hay un sentir ciudadano de que las instancias que vigilan, supervisan y sancionan los catos de corrupción no han sido eficaces y, en el peor de los casos, han sido cómplices del mal ejercicio del gasto público.
Afirmó que la formulación de reformas no representa garantía absoluta de que las prácticas corruptas se erradiquen, por lo que llamó a los servidores públicos a trabajar unidos en la agenda de la transparencia y la rendición de cuentas e informar a la gente en qué y cómo se ejercen los recursos públicos, con la finalidad de recuperar la credibilidad de la instituciones.
En la ceremonia de inauguración participaron la comisionada del INAI, Areli Cano Guadiana; el comisionado Oscar Guerra Ford; la senadora Laura Angélica Rojas Hernández; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Nadia Luz María Lara Chávez, y el consejero del IMIPE, Víctor Manuel Díaz Vázquez.