Presuntas víctimas denuncian a PGJE por amenazas

MORELIA, Mich., 8 de abril de 2014.- Las 13 presuntas víctimas de trata de personas que fueron rescatadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado en el puerto de Lázaro Cárdenas el domingo pasado, interpusieron una denuncia contra los agentes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Las mujeres acusan a los agentes de la procuraduría de hostigamiento, amenazas e intento de violación cuando rendían su declaración, y señalan que fueron obligadas por los agentes a firmar documentos en los que inculpaban a los hoy acusados por el delito de corrupción de menores y trata de personas.

Las denunciantes señalan que fueron detenidas el viernes 28 de marzo en el Bar La Luna y las acusan de prostituirse y de ser menores de edad, por lo que las retienen sábado y domingo.

Refieren que en los dos días que estuvieron detenidas fueron obligadas a firmar falsas declaraciones mediante amenazas de violencia física, y refieren que uno de los agentes trató de violar a una de las detenidas.

Las trece mujeres rechazan ser menores de edad y dijeron ser madres solteras. Aceptaron que en sus turnos de trabajo beben con los clientes para incrementar el consumo, pero rechazaron tener algún tipo de actividad sexual.

Las quejosas refieren que en los análisis médicos no se les encontraron rastros de droga o de exceso de alcohol, además de que revelaron que ninguna de las detenidas había tenido actividad sexual en las últimas horas.

Adán Sevilla Lizcano, visitador de la CEDH en el puerto, corroboró la queja colectiva de las 13 mujeres y confirmó los términos de la denuncia. Señaló que con ella se inicia una investigación –la 26/2014 en este caso-, después de la cual se emitirán las recomendaciones a que haya lugar

Por otra parte, el visitador señaló que hasta la fecha la visitaduría de Lázaro Cárdenas ha recibido un total de 179 quejas en lo que va del año. Curiosamente, el liderazgo lo tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, le siguen la Policía Federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Educación.