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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2016.- A Edwin L. lo secuestraron en Coatzacoalcos, Veracruz, en mayo de 2015. Tenía 16 años y viajaba hacia Estados Unidos desde Honduras. Estuvo detenido por ocho días hasta que su familia pagó los 2 mil dólares que le pidieron de rescate. No lo reportó a las autoridades mexicanas: es sabido por quienes cruzan México que si denuncian un abuso o acto violento en su contra serán detenidos y deportados por los agentes de inmigración.
Según publica el diario El Universal, para los migrantes centroamericanos, México no es un país donde se pueda pedir protección. Las cifras confirman esta creencia: ni siquiera llega a uno de cada 100 niños migrantes detenidos por las autoridades mexicanas los que son reconocidos como refugiados. Menos del 1%, indica un informe publicado hoy por la organización Human Rights Watch (HRW), una cifra que contrasta con el 48% que, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, podrían encontrarse en una situación que los haría candidatos a recibir esta protección.
En el documento titulado Closed doors: Mexico’s failure to protect Central American refugee and migrant children (Puertas cerradas: el fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de Centroamérica), HRW documenta las contradicciones que existen entre la legislación mexicana que tiene por objetivo proteger a los migrantes en tránsito y su aplicación. La suma de factores como la intimidación por parte de las autoridades migratorias, la amenaza de detención prolongada e incluso la presión por parte de Estados Unidos —a través de mecanismos como el Programa Frontera Sur— provocan que quienes podrían solicitar refugio o asilo prefieran intentar llegar a la frontera norte o regresar a la situación de violencia de la que están huyendo.
“Las leyes en México en realidad son muy buenas, el problema está siendo su aplicación”, comenta en entrevista con El Universal Michael Bochenek, asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de HRW y autor del reciente reporte.