Plantean sanciones a funcionarios que atrasen entrega de recursos

MORELIA, Mich., 11 de noviembre de 2014.- Durante el apartado de iniciativas, el diputado Juan Bueno Torio (PAN) planteó modificar el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que en los convenios firmados entre la federación y los gobiernos estatales para la transferencia de recursos federales, se establezcan sanciones administrativas a los funcionarios públicos que incurran en el retraso en la ministración de los recursos a municipios.

Asimismo, imponer una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien incurra en dichas conductas.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señala que para alcanzar un esquema óptimo de distribución de recursos y funciones fiscales entre los tres órdenes de gobierno, es necesario alcanzar un equilibrio de corresponsabilidad y eficiencia, para que, con un sistema de transferencias federales óptimo, los órdenes locales tengan la capacidad presupuestal para solventar sus planes de inversión en el corto y mediano plazo.

Por ello, precisa, es necesario que se otorgue a los municipios certeza presupuestaria, a través de la norma, ya que en la “cadena de distribución” de recursos, son estos los más afectados. Además, “es fundamental que se establezcan las sanciones adecuadas que se encaminen a eliminar la corrupción que comúnmente generan los fondos dirigidos a dichos órdenes locales”.

Por otra parte, el diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) propuso reformar el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, con el objetivo de incluir las condiciones económicas de las familias y de los individuos, como un factor que otorgue derechos a la asistencia social por parte del Estado.

Destacó la necesidad de que el ciudadano reciba del gobierno oportunidades de asistencia social, que lo lleven a una mejor situación que facilite su inserción al mercado de trabajo y le permitan cubrir al menos las necesidades básicas de sí mismo y de su familia. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud.

En tanto, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) planteó cambios a los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política para introducir el concepto de Unidad de Cuenta, el cual deberá sustituir al de “salario mínimo” que actualmente utilizan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general.