Plantean atender y apoyar a menores de 18 años con conductas suicidas

MORELIA, Mich., 2 de enero de 2014.- Para contener los altos índices de suicidio en la población adolescente de México y reducir el crecimiento del fenómeno de los “ninis”, la diputada María de Jesús Huerta Rea (PRI) planteó reformas a los artículos 7, 8 y 65 de la Ley General de Educación.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la integrante de la Comisión de Salud señaló que el impacto del suicidio en los adolescentes es diferencial, debido a que hay entidades que son más afectadas, como el Distrito Federal, Tabasco, Yucatán y Guanajuato que presentan tasas mayores a 11 defunciones por cada 100 mil jóvenes.

En contraste, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas son las entidades que presentan las menores tasas que oscilan de 1.6 a 3.1 suicidios por cada 100 mil adolescentes de 15 a 19 años.

Huerta Rea relató que el método más utilizado por los adolescentes suicidas, tanto en hombres como en mujeres, es el ahorcamiento o sofocación (85.5 y 76.1 por ciento, respectivamente).

El segundo método en el caso de los varones, abundó, es el disparo con arma (7.8 por ciento); para las mujeres es el envenenamiento por gases, vapores, alcohol y plaguicidas (14.3 por ciento), siendo la vivienda particular (76.1 por ciento) el principal lugar donde se lleva a cabo el suicidio.

Por ello, se manifestó por establecer estrategias que permitan a los padres o tutores, representantes legales y autoridades educativas, identificar a aquellos adolescentes que presenten sintomatologías como conductas de riesgo y antisociales, así como comportamientos de alto riesgo de suicidio y enfermedades psicosomáticas.

La legisladora mencionó que el fenómeno conocido como “nini”, es decir, adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan, corren el riesgo de desvincularse por completo tanto de la educación como del mercado laboral, pues prácticamente pasan buena parte sin actividad alguna.

Relató que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y diversos estudios, se ha confirmado la asociación entre el desempleo y la mala salud mental, incluyendo la depresión, lo que puede traducirse en costos sociales adicionales para la sociedad.

La gravedad de la desocupación, añadió, radica en que cada joven o adolescente pierde alrededor de 3.3 años de su vida, de acuerdo con el documento “Panorama de la Educación 2014” que presentó la OCDE.

María de Jesús Huerta puntualizó que el fenómeno “nini” resulta preocupante, pues además de gestar un entorno de escaso crecimiento económico, está provocando incremento de la desigualdad social y la pobreza, así como un aumento en los niveles de violencia e inseguridad, ya que los adolescentes y jóvenes se vuelven aún más frágiles.

“Esta situación de vulnerabilidad incrementa la posibilidad de que los “ninis”, como aquellos que no lo son y que están o pueden estar en convivencia con los primeros, puedan ser cooptados fácilmente por la delincuencia o crimen organizado, así como existe mayor probabilidad de intentar o consumar el suicidio a nivel individual”, afirmó.

Por ello, expresó, resulta imperante que toda persona que posea la tutela y en su caso la custodia (definitiva y/o temporal) de adolescentes, mantenga un estado de alerta permanente y cuente con las capacidades para gestionar acciones de atención médica y psicológica o inclusive psiquiátrica lo antes posible.

Afirmó que se requieren estrategias de prevención del suicidio y de la condición de “nini” en esta población, mediante políticas sociales y educativas que permitan contener el crecimiento de estos dos fenómenos en el corto y mediano plazos y, de manera gradual, su disminución en el largo plazo.

Con esta iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria y remitida a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se busca que la educación que imparta el Estado otorgue actitudes sobre la preservación de la salud física y mental, afirmó.

También, que en colaboración o auxilio de las autoridades de seguridad pública, salud y laborales competentes, se identifiquen y atiendan sintomatologías de conducta suicida en menores de 18 años, y se reconozca y apoye a esta población con riesgo de deserción escolar.

De igual modo, se plantea que quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de 18 años, colaboren con las autoridades escolares para la atención y el apoyo de aquellos con conductas suicidas o en riesgo de deserción escolar.