Piden transparentar ruta jurídica para atención de víctimas de Mamá Rosa

MORELIA, Mich., 16 de julio de 2014.- El doctor en Derecho Constitucional, Gumesindo García Morelos, celebró que el Estado mexicano esté haciendo valer los derechos humanos de la infancia, pero advirtió que falta información sobre la ruta jurídica que se está siguiendo.

Señaló que la que Procuraduría General de la República está facultada para atraer cualquier caso del fuero común, desde un juicio familiar, una acción colectiva o una penal, como es el caso de los delitos de abuso psicológico y sexual que sufrían los 458 menores residentes del albergue La Gran Familia.

Por lo tanto, indicó que esa debe ser la instancia la que dicte las medidas cautelares que permitan al Estado trasladar a los infantes y adultos mayores a un lugar seguro, en calidad de víctimas.

Para ello, agregó, también es indispensable que el Estado asuma  la custodia de los menores, a través del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) para dar legalidad a acciones como la toma de muestras para exámenes de ADN para determinar el parentesco con quienes se dicen sus familiares.

El constitucionalista comentó que para realizar ese tipo de pruebas aunque necesarias, en un caso como el del albergue de Mamá Rosa, se requiere del mandato de un juez o del tutor de los menores y hasta este medio día se desconocía si esos trámites ya se realizaron.