MORELIA, Mich., 10 de febrero de 2016.- A 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, es necesario emitir disposiciones legales que den seguridad a los pueblos indígenas y sean considerados sujetos de derecho público, que se respeten sus sistemas normativos internos, sus acuerdos de asamblea y que tengan acceso al desarrollo.
Según un comunicado de prensa, afirmó lo anterior el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), quien consideró que se debe revisar el texto constitucional para ver las lagunas y, con una iniciativa estructurada, llenar los vacíos. “Queremos retomar la lucha y avanzar en lo que nos corresponde”, subrayó.
“Eso dará a los pueblos originarios mayor fuerza y sustento para reclamar sus derechos y ser respetados”, enfatizó.
“Queremos hacer esa contribución, porque si no asumimos nuestro papel, y lo dejamos para los que vienen, ¿cuánto tiempo más van a esperar los pueblos indígenas?”, cuestionó el legislador.
De lograrse la modificación legal, indicó, se estarían dando pasos importantes para la atención de los problemas más graves que tienen, como la pobreza extrema.
Refirió que “se deben emitir disposiciones para generar políticas públicas que impulsen un desarrollo sostenible, pero no de corte asistencial, sino que surjan de las mismas comunidades, a partir de sus propios conceptos de desarrollo, de sus vocaciones y sus potencialidades”.
Durante una reunión de la Comisión, sus integrantes aprobaron el programa de actividades para conocer la vigencia de la legislación federal y las estatales existentes en materia indígena, así como la iniciativa para armonizar los sistemas normativos internos con la Constitución y los tratados internacionales.
El movimiento indígena, a través de la historia, ha reclamado su derecho a ser y manejar sus lenguas, tener sus culturas y derecho a la tierra; sin embargo, siempre han sido víctimas de despojo, expresó Coheto Martínez.
“Hoy existe una nueva conciencia y contribución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hay una nueva actitud, un nuevo compromiso en relación con el presente y destino de los indígenas mexicanos”, subrayó.
El programa de actividades prevé una conferencia de prensa el 11 de febrero para dar a conocer la agenda legislativa en la materia, que comprendería asuntos relacionados con hacerlos sujetos de derechos; armonización de leyes y acceso a la justicia; desarrollo sostenible; mujeres originarias; educación indígena y representación política.
Para el 16 de febrero, se planea subir el tema a Tribuna y fijar posicionamientos de todos los grupos parlamentarios; el 24, un encuentro nacional de legisladores indígenas y la revisión de la aplicación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Se realizarían también jornadas de análisis y reflexión sobre los derechos y cultura indígena en cinco regiones, con la participación de representantes de los pueblos originarios, expertos, académicos, el gobierno federal, gobiernos locales y el Poder Judicial, y foros sobre iniciativas de ley general de consulta indígena turnadas a esta Comisión, con representantes étnicos, expertos, autoridades, organismos internacionales y académicos.
Además, se hará una compilación legislativa que incorporará propuestas de reformas derivadas de las jornadas de análisis, y en encuentros con universidades interculturales se abordarían los temas de la formación de abogados indígenas y el fortalecimiento de la educación con enfoque cultural.
También se aprobó la integración del Grupo de Trabajo encargado de dar seguimiento y evaluar el ejercicio del presupuesto comprendido en el Anexo 10 “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas” del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, para conocer en qué se va a emplear, qué pueblos van a ser beneficiarios, su impacto y, una vez que se aplique, revisar que se haya canalizado a las comunidades indígenas.
“De esa manera, las dependencias ejecutoras se verán obligadas a hacer lo mejor, porque habrá acercamiento de nosotros para asegurarnos de que las cosas se hagan y se hagan bien, que los propósitos, objetivos y metas se cumplan; que las acciones que contempla este anexo impacten en el bienestar de los pueblos indígenas”, destacó Coheto Martínez.
El grupo será integrado por la Junta Directiva de la Comisión y podrán participar los diputados que lo soliciten. “No sólo es dar seguimiento, sino que también, previo a la revisión del próximo presupuesto 2017, podamos reunirnos con todas las dependencias para que consideren una mejor atención a los pueblos indígenas y que en el PEF 2017 haya más recursos para las acciones de desarrollo económico”.
Se prevé instalar este grupo el 16 de febrero y en los 10 días posteriores presentará un programa de actividades. Sus tareas comprenderán reuniones de evaluación con titulares de las dependencias y entidades que participan en el anexo 10 para conocer el avance e impacto de sus acciones y acordar medidas para superar las deficiencias.