Piden eliminar obstáculos para que las víctimas ejerzan sus derechos

MÉXICO, DF., 20 de enero de 2015.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) advirtió que el reto que se presenta para las autoridades de todos los niveles de gobierno, es eliminar los obstáculos estructurales y operativos para brindar a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, un verdadero acceso a la justicia y a la reparación del daño, de modo que ejerzan plenamente los derechos que la Ley les otorga.

En el marco del Foro Nacional “Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal”, organizado por la Asociación Alto al Secuestro, el Comisionado Presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, indicó que “en México, durante décadas, los derechos de las víctimas del delito padecieron una desatención oprobiosa, sujetas al desamparo institucional, al grado que parecían olvidadas.

“El abandono de las víctimas, la violación de sus derechos humanos, la impunidad y la inexistencia de instituciones para su atención, fueron las razones que detonaron el movimiento social que generó el cambio para atender puntualmente este vacío histórico”, enfatizó Rochín del Rincón.

En respuesta a esta situación, resaltó el titular de la CEAV, el 10 de enero de 2013 entró en vigor la Ley General de Víctimas, la cual cuenta con los más altos estándares internacionales en la materia y representa una respuesta que el Estado y la sociedad están dando al sufrimiento padecido por las víctimas y que hasta la fecha no había sido adecuadamente reconocido. Esta iniciativa, dijo, busca remediar en parte ese olvido.

Expuso que “el delito o la violación a los derechos humanos de las víctimas producen un cambio radical en su existencia, sus hábitos, sus costumbres y su modo de vida; su mirada hacia los demás, se transforman de manera radical. Así, una reparación integral debe ayudar a reconstruir sus relaciones, su confianza, su seguridad familiar, social, económica y cultural”.

En virtud de lo anterior, el Presidente de la CEAV sostuvo que “la opción de la justicia restaurativa se considera una alternativa mucho más eficaz y complementaria frente al mero enjuiciamiento y encarcelamiento del responsable del delito; de lo que se trata aquí es de resarcir a la persona víctima y responder ante la comunidad”.

Entre las medidas compensatorias que ha establecido la CEAV destacan:

• La entrada en operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el cual cuenta con recursos por 990 millones de pesos en favor de las víctimas del delito del orden federal y de violaciones a los derechos humanos.
• La inscripción, al día de hoy, de un total de mil 243 personas en el Registro Federal de Víctimas. A esto se agrega que se está trabajando para integrar el registro nacional con los datos de los estados, al tiempo que la Asesoría Jurídica Federal ha trabajado en 7 mil 527 asuntos.

​Rochín del Rincón consideró que, a dos años de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, “resulta necesario, en virtud de la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas, hacer una pausa y apuntar un rediseño normativo de algunas de sus disposiciones, que hagan posible interpretar de forma amplia la procedencia de las medidas de compensación a favor de las víctimas de delitos”.

Como ejemplo, explicó que el texto vigente de la Ley establece que para que el Pleno de la Comisión pueda determinar el monto de una compensación en forma subsidiaria, a cargo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la víctima deberá contar con una determinación del Ministerio Público, o bien, la resolución firme de la autoridad jurisdiccional.

“Bajo este diseño -aclaró- existen casos en que se hace materialmente imposible que ciertas personas que se han visto afectadas por la violencia que ha sido ejercida en su contra, puedan ser reparadas integralmente.

“El rediseño normativo que debemos llevar a cabo en beneficio de las víctimas debe permitir que sean reparadas aún en los casos en que, por alguna circunstancia, no exista sentencia. Incluso, consideramos que la reparación debería proceder aún sin haberse ejercido la acción penal, en aquellos casos en que, debido a las circunstancias, resulte imposible la consignación del presunto responsable”, añadió.

“Debemos tomar acción para que, en los hechos, se cumpla con el propósito de la Ley General de Víctimas, es decir, otorgar compensaciones a las personas víctimas de delitos aun cuando no se haya podido ejercer la acción penal durante el proceso y cuando exista sentencia firme”, apuntó.

Por su parte, al participar en el panel “Seguridad, Justicia y Legalidad para las Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos”, el Comisionado de la CEAV Julio Hernández Barros, opinó que “un Gobierno que no atiende debidamente a las víctimas puede convertirse en cómplice de los victimarios”.

Finalmente, resaltó que la CEAV ya está en posición de ofrecer a plenitud sus servicios, como el establecer el Registro Nacional de Víctimas, la Asesoría Jurídica Federal, la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y la generación de Políticas Públicas que permitan un nuevo modelo de atención a las Víctimas.