Piden ONGs reestructuración de la CNDH alejada de intereses políticos

MÉXICO, DF, 27 de octubre de 2014.- Durante la Audiencia Pública en materia de Proceso de Selección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales coincidieron en replantear desde el nuevo titular al organismo, alejado del interés político y más cercano a las víctimas.

En su intervención, Jorge Serrano de la Asociación Civil Tendiendo Puentes, llamó a las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia en la Cámara Alta a no buscar para este encargo al personaje con el currículum más rimbombante, ni al que haya ocupado los grandes cargos que hayan servido en sus resoluciones a determinado partido, sino al más sensible, con valores de ética, que emita recomendaciones oportunas para dar seguridad a las personas involucradas en violaciones a sus derechos, mismas que no solo sean recibidas sino atendidas.

El ombudsman tiene el carácter de ser vinculante, pero si esto no lo plasma y hace valer, de nada sirve la persona con alto frado académico y cargos sino es símbolo de distinción”, advirtió el activista, al solicitar también que se tome en cuenta el involucramiento del nuevo ombudsman en el nuevo sistema de Justicia Penal y que esté preparado para enfrentar las violaciones a los derechos humanos que vendrán con ello.

Por su parte, la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ana Laura Magaloni Kerpel, apuntó que el nuevo titular de la CNDH debe garantizar a los más vulnerables el acceso real a un tribula y transformarse en una defensoría pública que separe los casos penales y violaciones a los derechos humanos, ya que dijo, actualmente los jueces de amparo tienen mejor herramientas que la Comisión a consecuencia de sus desgastadas herramientas.

De acuerdo con la investigadora, de 2009 a 2013 la CNDH emitió 8 mil 707 quejas, de las cuales sólo el 1 por ciento terminó en recomendación, es decir únicamente hubo 87 recomendaciones cada año, las cuales no son vinculantes jurídicamente, las autoridades las acatan en función de un cálculo político.

Tania Espinoza Sánchez, representante del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, subrayó que México vive un momento crítico que va más allá de los hechos acontecidos, ya que pese a las facultades conferidas al organismo a través de tratados internacionales y la reforma en derechos humanos, no está en posibilidades de dar cumplimiento a sus recomendaciones.

En su turno, Ximena Andión de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, resaltó que la CNDH ha perdido la confianza de los ciudadanos como garante de los derechos humanos de las personas, debido a su gran ineficiencia operativa con cada vez más bajo número de quejas que se convierten en recomendaciones.

Según cifras de la CMDPDH, únicamente el 60 por ciento de las recomendaciones no son cumplidas y otras son tardadas como el caso de Tlatlaya. “Queremos una CNDH que ante esta crisis tenga un papel fundamental, con una restructuración a fondo a nivel operativo, no queremos un gestor de los problemas, queremos un contrapeso al poder y que este de lado de las víctimas y que los análisis de las quejas sean de fondo no de forma y que a su vez sirvan para reparar el daño y evitar la repetición de tragedias como en Ayotzinapa que se pudo haber evitado”, aseveró la feminista.

En el marco de la nueva legislación para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes fueron convocadas distintas asociaciones de atención a menores, quienes solicitaron una postura más activa del organismo público autónomo en atención a este grupo vulnerable, que dijeron, es tratado como actor incidental en las violaciones a sus derechos y no con todas las garantías de una víctima.

“Lo que pedimos es actualizar el paradigma de los derechos de la infancia, incorporar la voz de niñas niños y adolescentes en todos los procesos donde se ven vinculados, lo que se decida en este Senado es una implicación que va a influir para bien o para mal en 40 millones de niños y adolescentes”, advirtió Juan Martín Pérez, director de a Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).