MORELIA, Mich., 21 de febrero de 2016.-La importancia social, económica y cultural  de los pueblos y comunidades rurales, y el reconocimiento de sus derechos, serán temas vitales en la preparación, análisis y discusión de la Constitución de la Ciudad de México, advirtió el senador Manuel Cota Jiménez, presidente de la Confederación Nacional Campesina.

De acuerdo a información de un comunicado, como organización defensora de los derechos de los campesinos, dijo, la CNC tiene la responsabilidad y el compromiso de promover la presencia de los núcleos agrarios y rurales en el ordenamiento jurídico.

Es primordial el respeto a los usos y costumbres en sus territorios y organizaciones administrativas, no sólo en lo que ahora son Delegaciones, sino en las posibles municipalidades, aseguró en su calidad de dirigente de la CNC y como coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP).

Durante una conferencia ofrecida por el maestro Julio Moguel, en torno a la Constitución de la Ciudad de México, el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la CNC, Fernando Rascón Fuentes, señaló que los pueblos y comunidades rurales de la Ciudad de México, no deben ser marginados del proyecto de Constitución.

El maestro Moguel sugirió a los habitantes de las zonas rurales de esta capital, unirse y participar en los trabajos de preparación, para no quedar fuera de ese ordenamiento jurídico, social y administrativo.

El propósito es que los pueblos y barrios originarios, de los ejidos y comunidades, sean plena y públicamente reconocidos en la futura constitución.

“Queremos también un trato igual en el seno de la población de esta ciudad capital, principalmente porque en la actualidad se dan exclusiones de ciudadanos en las distintas delegaciones de esta capital”, añadió.

La propuesta será específica para que se incorporen todas las comunidades indígenas, sobre todo, con los mismos derechos públicos, de manera que no haya ciudadanos de primera o de segunda. “Todos iguales”, comentó.

En la actualidad, la Ley de Participación Ciudadana reconoce 40 comunidades registradas como pueblos y barrios originarios, pero realmente existen alrededor de 149 que, con todas sus diferencias, deben tener el reconocimiento y quedar plasmados en la futura Constitución”.