Persisten en México estigmas contra los discapacitados

MORELIA, Mich., 2 de diciembre de 2015.-El director general adjunto de Vinculación, Cultura y Educación, José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, expresó que en el país uno de cada tres mexicanos considera que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad, y uno de cada cinco piensa que en algunas ocasiones es justificable ocupar un lugar reservado para esta población en algún estacionamiento.

De acuerdo a información de un comunicado, asimismo continuó, más de la mitad de las personas con discapacidad depende de su familia; más de la mitad considera que sus propios ingresos no son suficientes para vivir y cree que el desempleo es el primer problema y la discriminación el segundo; uno de cada tres mexicanos piensa que en las escuelas donde hay niños con discapacidad la calidad de la enseñanza disminuye. De acuerdo con una encuesta de Parametría, agregó, el 10 por ciento de los ciudadanos del Distrito Federal considera que las personas con discapacidad son un obstáculo para que una sociedad se desarrolle.

En México, precisó, persisten estigmas, pues en muchos lugares se sigue viendo a la discapacidad como enfermedad o tema de castigo. Agregó que más de la mitad de las personas con esta condición vive en pobreza, se le niega derechos, excluye de programas y políticas, y sigue siendo víctimas de discriminación y violencia. “El reto está en la trasformación cultural”.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Tlaxcala, Elsa Cordero Martínez, señaló que siete de cada 10 mexicanos considera que a las personas con discapacidad no se les respeta; 23.5 por ciento de la población nacional no estaría dispuesta a convivir con alguien que tenga discapacidad; 19.1 por ciento de las personas con alguna incapacidad tiene ingresos suficientes para vivir y 78 por ciento de ellos, tiene dificultad para acceder a los servicios del gobierno.

Esta población, subrayó, lo que enfrenta es pobreza, vulnerabilidad, desempleo, discriminación, dificultades para ser autosuficientes y acceso a apoyos gubernamentales. Añadió que la afectación de no atención a personas con discapacidad recae, principalmente, en las mujeres y, jurídicamente, México está obligado a atender el tema de discapacidad.

Las juzgadoras y los juzgadores del país “tenemos el reto de ceñirnos a los convenios internacionales y, en todo momento, ver qué es lo mejor para la persona. Los poderes judiciales estamos ayudándonos a juzgar con perspectiva de quienes padecen discapacidad”, expuso.

En representación de los presidentes de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Lili Krantz de Margolis puntualizó la necesidad de fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad; seguir promoviendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de acciones de incidencia legislativa y políticas públicas.

Llamó a trabajar unidos para construir un México más incluyente; que jóvenes con y sin discapacidad convivan y construyan nuevas formas de pensamiento; un cambio de cultura basado en los principios de derechos humanos; campañas de sensibilización y concientización en este tema; impulsar leyes acordes a los marcos internacionales, así como saber cuántas personas con discapacidad viven en el país.

Marcela Cuen Garibi, directora general adjunta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), detalló que esta institución es la encargada de coordinar a los que hacen política en favor de quienes padecen alguna incapacidad, es decir, ordenar 312 líneas de acción que debe ejecutar la administración pública federal, y promover los derechos humanos de esta población, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida.

En el gobierno federal se tiene por mandato que 3 por ciento de las plazas laborales se destinen a las personas con discapacidad, pero el reto está en crearlas y capacitarlos. Añadió que la discapacidad no tiene partido ni condición social y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada mexicano vivirá al menos seis años con alguna discapacidad.

Adalberto Méndez López, director de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), subrayó que los derechos políticos-electorales de las personas con discapacidad sólo están contemplados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y México fue impulsor de esta garantía.

Indicó que dentro de los códigos civiles de los estados, 15 niegan el derecho a voto a personas con discapacidad cognitivo-intelectual. Estos son: Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala Veracruz y Yucatán. “La mayoría de las entidades prevén en su código civil una prohibición categórica al ejercicio de los derechos político-electorales por el simple hecho de haber sido considerados impedidos”.