PGJE brinda atención a más de mil mujeres en Michoacán

MORELIA, Mich., 8 de marzo de 2016.- En el marco de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para garantizar la atención y acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, en los últimos tres meses ha brindado atención a más de mil mujeres a través de los diferentes programas de apoyo y contacto que lleva a cabo en varios puntos de la entidad.

Según un comunicado de prensa, la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Araceli Palomares Miranda, destacó que en cumplimiento a las instrucciones del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, y del titular de la PGJE, José Martín Godoy Castro, se ha establecido una estrategia integral para dar atención y seguimiento a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia a efecto de que puedan vivir de manera diferente y  que les genere mejores condiciones de vida.

Palomares Miranda detalló que a través del agente del Ministerio Público Itinerante y del mismo Centro de Justicia Integral para Mujeres, la PGJE se ha dado a la tarea de acudir a los puntos donde se encuentran las víctimas que por alguna circunstancia, incluso por miedo o pena, les era complicado desplazarse a las diversas fiscalías a presentar denuncias; estos servicios forman parte de la estrategia de contacto y de acceso a la justicia y son adicionales a la atención que se brinda en cada una de las Fiscalías Regionales en la recepción e investigación de las denuncias.

Resaltó que en este proceso de atención, la agencia itinerante ha recorrido Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Zitácuaro, municipios donde ha trabajodo de la mano con las autoridades municipales para facilitar este contacto con las mujeres y brindarles servicios, tales como asesoría jurídica, así como atención psicológica y médica.

Araceli Palomares Miranda destacó la preocupación de las autoridades estatales para la ejecución de acciones concretas que incidan en la prevención y en la atención de la violencia de género, por lo que se ha establecido coordinación con los presidentes municipales a efecto de llevar a cabo este programa que ha beneficiado a 630 mujeres de diferentes edades.

La funcionaria subrayó la trascendencia de este acercamiento con la ciudadanía, ya que permite que través de sus diversos servicios que se ofrecen, se detecten casos de violencia y se informe a la ciudadanía sobre las diversas manifestaciones de conductas nocivas para las mujeres, ya que la afectación no es sólo para quien las recibe, sino incluso también de manera indirecta para las personas cercanas a la víctima.

Cabe mencionar que el modelo de atención de la unidad móvil del Ministerio Público Itinerante forma parte de un conjunto de acciones realizadas por la PGJE a fin de apoyar de manera integral a las víctimas de los delitos de violencia de género en todas sus manifestaciones.

Esta unidad, que tiene como finalidad llegar a las comunidades que no cuentan con agencias del Ministerio Público o que por sus características geográficas sean de difícil acceso, cuenta con una célula de atención integrada por un agente del Ministerio Público, peritos en diferentes materias, psicólogos y agentes de la Policía Ministerial, quienes cuentan con atención especializada en el tema. Asimismo, esta unidad trabaja de manera coordinada con dependencias de los tres niveles de gobierno a efecto de dar seguimiento y atención a las víctimas de violencia.

Por lo que corresponde al Centro de Justicia Integral, lleva a cabo un programa multidisciplinario en el que confluyen las diferentes instituciones del Gobierno estatal con la finalidad de que la atención no sólo quede con la denuncia, sino que se le den las herramientas necesarias para superar los círculos de violencia y  reparar el daño, pero además tener la posibilidad de vivir diferente. En esta estrategia se ha brindado atención a 400 mujeres.

Finalmente, Araceli  Palomares comentó que la institución continúa trabajando y uniendo esfuerzos con otras instituciones públicas y sociales, bajo la premisa de que la erradicación de la violencia no es una responsabilidad exclusiva de la autoridad que ejerce la acción penal, sino un problema social en cuya atención y solución deben involucrarse todas y todos los ciudadanos desde sus diferentes esferas para lograr una sociedad segura y con bienestar.