MORELIA, Mich., 9 de mayo de 2016.-  En el marco de la presentación del libro “Los Ajustes Pendientes para la Eficacia de la Protección de los Derechos Humanos en México”, del Doctor Jean Cadet Odimba, catedrático de la UMSNH, la diputada local Nalleli Pedraza Huerta comentó que si bien en México ha habido un avance importante en la ratificación de diversos instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, aún hay graves pendientes respecto a la implementación de mecanismos eficaces que logren establecer medidas preventivas y que sancionen a quienes violan los derechos humanos.

Según un comunicado, durante su intervención en el evento, en el que participaron los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, así como el diputado Ángel Cedillo Hernández, la diputada presidenta de esa comisión Nalleli Pedraza, señaló también que el estado de Michoacán es un caso único a nivel nacional, pues desde finales de 2014 no existe ley sobre tortura, y tampoco existe dentro del código penal el delito de tortura.

Asimismo la legisladora, recordó que el pasado tres de mayo de este año la ONU envió una comunicación al Congreso del Estado, a fin de instarlo a que legisle a la brevedad posible para que se tipifique el delito de tortura, pues no existe impedimento para hacerlo y porque es un despropósito que tras la reforma constitucional en materia de protección de los derechos humanos, como es el caso de tortura, aun existan posturas en contra de establecer el delito de tortura dentro del código penal.

Cabe señalar que en su intervención el Doctor Jean Cadet Odimba refirió que es un gravísimo error que no exista dentro del código penal el delito de tortura y respaldo la postura de la diputada Nalleli Pedraza en legislar de inmediato al respecto.

La diputada finalizó declarando que el tema de tortura es de importancia para toda la sociedad, para el ejecutivo del estado, para el poder judicial y por su puesto para el Congreso, por lo que en próximos días establecerá contacto con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a fin de recibir la asesoría necesaria para que se legisle a la brevedad sobre el delito de tortura.