No se han unificado esfuerzos en favor de la infancia y su atención

MORELIA, Mich., 30 de julio de 2015.- La pobreza y la pauperización extrema constituyen el mejor telón de fondo para el surgimiento de problemáticas como la violencia, la omisión de cuidados y el abandono, señaló Carmen Gabriela Ruiz Serrano, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta 2009, el 34.88 por ciento de habitantes de escasos recursos son menores de edad. En este universo, el 61.07 por ciento vive en pobreza y el 26.14 en pauperización extrema. De ellos, el 16.5 por ciento pertenece a familias con un ingreso promedio de dos salarios mínimos.

Desafortunadamente, no se han unificado esfuerzos en favor de la infancia y su atención, advirtió Ruiz Serrano.

En lo que respecta al maltrato, el DIF nacional informó haber recibido 49 mil 850 denuncias por agresiones en 2014 y comprobado 32 mil 396 de ellas.

Por su parte, la Clínica de Atención al Niño Maltratado, del Instituto Nacional de Pediatría, notificó que de cada 10 infantes violentados solamente se tiene conocimiento de un caso.

Conceptualmente, la familia es la responsable de proveer a sus integrantes de un escenario y condiciones de crecimiento acordes a sus necesidades. No obstante, cuando ésta no se encuentra posibilitada para la tarea, es responsabilidad del Estado asumir el cuidado y crianza del pequeño a efecto de proveerle lo necesario para un desarrollo biopsicosocial adecuado.

Para ello se crean entidades de acogimiento a través de las cuales se atienda a estos niños sin cuidados parentales, y a pesar de que el estatuto orgánico del DIF nacional tiene como facultad llevar un control de las asociaciones civiles, la realidad es que no se tiene ni siquiera un padrón que señale cuántas atienden a infantes en esta condición, aseguró Ruiz Serrano.

Derivado de las problemáticas que se han presentado y de una estrategia para afrontar el fenómeno, se creó la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,aprobada el 4 de diciembre de 2014. En ella se establece la contribución de las estrategias públicas en la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de los infantes.

Para aportar a un desarrollo adecuado se requiere, entre otras cosas, entender qué dicen los instrumentos internacionales y homologarlos con nuestra política pública para lograr resultados más efectivos; dar los requisitos necesarios —marcos normativos, cobertura, redes institucionales— que fortalezcan la estructura gubernamental y generar modelos de intervención a las problemáticas sociales, concluyó.