México no reconoce jurídicamente la condición de población desplazada

MORELIA, Mich., 6 de junio de 2015.-México no cuenta con un marco jurídico que reconozca la condición de población desplazada ni con políticas públicas que permitan atender a las víctimas y responder a sus necesidades de asistencia, protección, reintegración, resarcimiento y restitución de sus derechos por haber sido forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia.

Así lo aseguró la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Amalia Dolores García Medina (PRD), quien señaló que este problema se ha agudizado por la aparición de nuevas causas de desplazamiento relacionadas, sobre todo, con la violencia y el crimen organizado, que impactan principalmente en los jóvenes.

Además, enfatizó, “no contamos, al menos públicamente, con cifras confiables ni datos de ubicación ni de necesidades que estas personas presentan y, consecuentemente, con políticas adecuadas”.

Ante ello, la diputada impulsa una iniciativa que reforma la Constitución Política, en su artículo 11, a fin de que el Estado y los tres órdenes de gobierno, en los términos que disponga la Ley en la materia, garanticen la seguridad y restitución de los derechos de las personas que por los efectos de, o para evitar situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales o las provocadas por el ser humano, sean desplazadas de su lugar de residencia dentro del país.

Enfatizó que desde hace 17 años, a partir del 23 de abril de 1998, se propuso en la Cámara de Diputados una primera iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente, y desde entonces se han propuesto al menos otras tres para saber el número de personas en estas condiciones que hay en el país y reconocer la figura de desplazado interno, a fin de brindar la atención debida; pero hasta ahora, afirmó, no han sido atendidas adecuadamente.

El problema no sólo no se ha atendido, subrayó, sino que se ha agudizado por los problemas de seguridad y violencia generalizada en vastas regiones del país, desde el inicio del anterior sexenio y hasta ahora, con graves consecuencias para cientos de miles de familias, quienes se ven violentadas no solo en sus derechos humanos fundamentales, sino también en los económicos, sociales y culturales.

Aseguró que diversos organismos internacionales, organizaciones civiles e instituciones académicas, han visto en el fenómeno auténticas crisis humanitarias, en los diferentes estados de la República donde ocurren, que no son pocas.

Destacó que de acuerdo al reporte emitido por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos en 2014, con sede en Ginebra, en México existen 281 mil 400 desplazados internos, debido a la violencia ligada al tráfico de droga; a pesar de ello, el gobierno no reconoce oficialmente el fenómeno.

La violencia criminal en el país, de acuerdo con dicho reporte, ha causado el desalojo de al menos 9 mil personas en 2014, en 10 estados del país, donde los traficantes de drogas y otros grupos criminales son responsables de miles de muertes y secuestros de civiles, aterrorizando a poblaciones locales.

La mayor causa del desplazamiento en México y en el triángulo centroamericano de Guatemala, El Salvador y Honduras es la violencia criminal vinculada al tráfico de drogas y a las actividades de pandillas urbanas como los Maras; estos países junto con Colombia, tienen 19 de 50 ciudades con el mayor índice de criminalidad del mundo, señala el documento.

De acuerdo en el informe, “se trata de las peores cifras de desplazamientos forzados en una generación, lo que pone de manifiesto nuestro fracaso absoluto para proteger a civiles inocentes”.

A fines de 2014, había al menos 7 millones de personas en esa situación en toda América, 12 por ciento más respecto al 2013, donde Colombia tiene el récord con 6 millones de personas, cerca del 12 por ciento de su población total.

“Es urgente dar los pasos necesarios para garantizar seguridad y un conjunto mínimo de derechos a las personas que han sido desplazadas, es decir, forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia para evitar los efectos de violencia generalizada o violaciones a sus derechos humanos”, resaltó García Medina.

Agregó que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que cada día se profundiza en muchos países del mundo, por lo que es necesario atender el problema.