México, bajo escrutinio de la Corte Penal Internacional

MORELIA, Mich., 7 de noviembre de 2014.- La violencia asociada a la guerra contra el narcotráfico en México ha llamado la atención de la comunidad internacional en los últimos años, y tanto ciudadanos como organizaciones no gubernamentales han pedido a la Corte Penal Internacional que fije su atención en México, destaca la mañana de este viernes el sitio especializado en seguridad y narcotráfico In Sight Crime.

Si tienen éxito, altos cargos de la administración pública y de las fuerzas de seguridad mexicanas, o incluso de organizaciones de narcotraficantes, serán juzgados en La Haya. Pero este camino está lleno de dificultades.

La Fiscalía de la Corte es quien decide si hay indicios de los crímenes más graves en territorio mexicano. Según el Estatuto de Roma, el narcotráfico no es de su competencia, pero sí la manera de proteger sus negocios o de combatirlo -si, por ejemplo, se cometen crímenes de guerra o contra la humanidad.

Un crimen de guerra sólo se da en un conflicto armado. Para declarar este tipo de conflicto, la jurisprudencia requiere la organización de las partes enfrentadas e intensidad de los combates. En México, la capacidad armamentística de las organizaciones de narcotraficantes y el uso de fuerzas militares para enfrentarlas serían unos indicios. En el norte del país ha habido episodios intensos de violencia en los que participan Los Zetas o el Cartel del Golfo, como los asesinatos de mayo de 2014 en Tamaulipas.

Sin embargo, la coordinación entre los cárteles para oponerse a las fuerzas armadas no existe, sino que cada organización actúa por su cuenta. No han aparcado sus diferencias para unirse contra el Estado y conformar una parte bélica.

Tampoco los grupos criminales son jerárquicos. La “perspectiva militar” de Los Zetas es la de una franquicia para el uso de la violencia. Han utilizado tácticas que causan alarma social, como el terrorismo, pero no declararon una guerra al Estado. Su caso es similar al grupo delictivo colombiano Los Urabeños. Aunque la Fiscalía de la Corte les atribuye una integración vertical, ésta no es general y el grupo esencialmente opera descentralizado, según sus intereses económicos.

En México, esto arroja un conflicto asimétrico, con organizaciones de narcotraficantes fluidas que utilizan la violencia como una opción entre muchas otras. A veces prefieren cooptar a miembros de las fuerzas de seguridad a título individual. Otras logran la protección progresiva de las instituciones, como en la infiltración de Los Caballeros Templarios en Michoacán. También hay cárteles que apoyan a las fuerzas de seguridad contra otros, como el Cartel Jalisco-Nueva Generación (CJNG).

Si se habla de una guerra en México, sus características no tienen precedentes. Y eso es difícil de aceptar por la Fiscalía de la Corte.

Los crímenes contra la humanidad no necesitan un conflicto armado, pero sí un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Para promoverlo se requiere un Estado u organización equivalente que, por control territorial o estructura y medios militares, sean la máxima autoridad en un territorio. Las FARC o las AUC son ejemplos en la región. El resultado es una continuidad en los ataques, ilustrada por una política, un impulso ideológico o cualquier indicador de un marco para los delitos generalizados o sistemáticos. No actos aislados, a pesar de la crueldad o el número de víctimas resultante.

Organizaciones como Los Zetas han cometido crímenes de extrema gravedad. En San Fernando, Tamaulipas, entre 2010 y 2012 masacraron migrantes sin un objetivo claro. Según se ha conocido recientemente, en 2010, en Allende, Coahauila, desaparecieron a decenas de ciudadanos. La fortaleza local de las organizaciones de narcotraficantes, como los Caballeros Templarios en Michoacán o el Cartel de Sinaloa en Ciudad Juárez, genera dudas sobre la capacidad de las instituciones federales para impedir delitos violentos. Pero es improbable que las organizaciones sigan una política de ataque generalizado o sistemático contra la población civil, que unifique los delitos de, por ejemplo, San Fernando o Allende, en un plan común.

Las violaciones de derechos humanos por parte del Estado mexicano, presuntamente aisladas como la ejecución de 22 presuntos narcotraficantes en Tlatlaya o estructurales como las torturas denunciadas por Amnistía Internacional, también necesitan una política para calificarse como crímenes contra la humanidad. Se han documentado casos con un patrón en las fuerzas armadas, pero el nivel y la escala de estos abusos se desconoce.

A la tradicional reticencia de México a reconocer abusos en derechos humanos, se uniría el impacto de la fiscalización internacional de la “guerra al narcotráfico”. El cuestionamiento de la militarización regional de la seguridad es una manifestación de soberanía que ningún gobierno quiere perder.

(El reportaje completo en inglés en http://www.insightcrime.org/news-analysis/international-criminal-court-mexico-drug-war.)