MORELIA, Mich., 4 de mayo de 2015.-  La Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad el dictamen para expedir la Ley del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, presentada por las comisiones unidas de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

Esta ley establece un marco institucional y administrativo que otorga facultades específicas a organismos del Estado que permitan garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de todos los habitantes del país, con mayor énfasis en los grupos más vulnerables al hambre y otras formas de malnutrición.

Es importante destacar que esta es la primera iniciativa de ley sobre el derecho a la alimentación en México que ha logrado ser aprobada por una de las cámaras legislativas.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO) saluda con gusto la iniciativa de las y los parlamentarios para impulsar una legislación que permita hacer del derecho a la alimentación una realidad para todos los mexicanos.

El derecho humano a la alimentación adecuada se ejerce cuando todas las personas tienen, en todo momento, disponibilidad y acceso físico y económico a los medios suficientes para obtener por sí mismas la alimentación.

El Presidente de la  Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Heriberto Galindo Quiñones destacó que esta ley, aprobada por unanimidad, es una muestra de cómo con voluntad política se pueden construir grandes consensos parlamentarios para atender las causas más urgentes del país, como lo es el hambre y la malnutrición.

Esta iniciativa de ley surgió desde el seno del Frente Parlamentario Contra el Hambre de México, el cual reúne a diputados y senadores de distintos partidos políticos y comisiones parlamentarias, que en conjunto con organizaciones de la sociedad civil buscan situar en el primer nivel de la agenda legislativa de México el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional.

“El Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México  nos permitió crear un espacio plural para intercambiar ideas, reflexionar y mantener un diálogo permanente que dio como resultado esta valiosa legislación”, señaló el Secretario de la Comisión de Derechos Humanos René Fujiwara Montelango.

Por su parte, la Diputada Gloria Bautista, Presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados, reconoció las importantes aportaciones que realizaron las organizaciones de la sociedad civil y académicos que participan activamente en el Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México y agradeció el acompañamiento y apoyo técnico que la FAO les brindó durante todo el proceso legislativo.

Como siguiente paso, el dictamen de la iniciativa de Ley del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, aprobada por la Cámara de Diputados, se turnará al Senado de la República, en donde nuevamente será discutida para su aprobación final.

De ser ratificada en el Senado de la República, México se sumará a los 7 primeros países de América Latina que hoy en día cuentan con un marco legal para garantizar el derecho a la alimentación de la población, entre ellos Argentina, Brasil y Ecuador.

El Frente Parlamentario Contra el Hambre en México

La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre apoyó la creación  en el año 2009 del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) de América Latina y Caribe, plataforma plural que reúne a legisladores regionales, subregionales y nacionales interesados en combatir el hambre, junto a representantes de la sociedad civil, y que ha logrado la conformación de distintos frentes nacionales, entre ellos el Capítulo México.

El Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México se constituyó, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en diciembre de 2011 y está integrado por representantes de ambas cámaras legislativas provenientes de distintos estados de la federación, partidos políticos y comisiones parlamentarias.

El objetivo principal del Frente Parlamentario contra el Hambre en México es promover mecanismos normativos de protección y garantía del derecho constitucional a la alimentación y ayudar en el fortalecimiento de una institucionalidad que permita luchar contra el hambre en México.