Más de 120 mdp a ciencia y tecnología

MORELIA, Mich., 23 de febrero de 2016.- Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aseguró que para garantizar una tutela judicial efectiva es necesario cumplir las garantías establecidas para la impartición de justicia señaladas por el sistema interamericano: adecuado proceso de nombramiento de jueces e impartidores de justicia, inamovilidad en el cargo y garantía plena contra presiones externas.

Según un comunicado de prensa, en el marco de la presentación del libro Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral, Carrasco Daza explicó que en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que data de 1996, sirvió de base en la construcción de la democracia en nuestro país; empero, apuntó que hoy se impone reflexionar sobre su actualidad y eficacia en el actual contexto político y hacer los ajustes necesarios para tal objetivo.

Los derechos establecidos a favor de la Judicatura, explicó, no son sólo garantías en favor del juez, “son para la sociedad, porque la tutela es en función de ella y constituyen garantías que la sociedad debe percibir, para asegurar que tiene un sistema de justicia que resuelve de manera eficaz”.

Mencionó que en este marco y atendiendo los criterios de la Corte Interamericana, debe estar claramente delimitado el órgano que instruye y el que dicta sentencia. “Es lo ideal que demandan los Estados democráticos de derecho. Hay una exigencia mínima en todos los modelos constitucionales, que sea distinto el juez de instrucción y el juez de sentencia”.

Esta diferenciación, agregó, preserva la independencia e imparcialidad, fundamentalmente porque la autoridad que admite las pruebas y alegatos y escucha a las partes en las audiencias y en general tramita el procedimiento, no tiene relación directa con el juzgador que toma una determinación final en el asunto.

Por su parte, Clicerio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, agradeció la colaboración de los 26 autores de esta obra y destacó su rigor académico y de investigación para analizar temas polémicos, a la luz de las funciones jurisdiccionales, como la calumnia, la neutralidad de los servidores públicos, el modelo de comunicación política, los derechos humanos de los terceros interesados, entre otros desarrollos interpretativos que ha construido la Sala Especializada en su primer año de creación.

Gabriela Villafuerte Coello, magistrada de la Sala Especializada opinó que el libro recoge la experiencia de un sin número de asuntos que agruparon por tema, para darles lógica, dado el dinamismo y diversidad de los casos.  Detalló que se abordaron asuntos relacionados con el modelo de comunicación política, la publicidad gubernamental y la salvaguarda de los derechos de terceros, entre muchos otros que resultaron de la elección de diputados federales y de los comicios celebrados en 17 entidades federativas durante el 2015.

Incluso, manifestó su interés en trabajar en una segunda edición que incluiría algunos criterios recientes, como el relacionado con las redes sociales y los llamados “derechos digitales”.

En tanto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña dijo que uno de los pilares fundamentales en la construcción del gran edificio de la justicia electoral, son las sentencias que le dan sentido al sistema de justicia y garantizan un debido proceso a los justiciables.  Comentó que en su experiencia como integrante de la Sala Regional Especializada, se presentaron diversos casos en los que los derechos y las libertades estaban en aparente antinomia.

Al transitar de una democracia participativa a una deliberativa, explicó, pasamos de la emisión del voto a la argumentación de las decisiones y esa es la rendición de cuentas y la trasparencia que exige la ciudadanía de sus juzgadores.

Hay más de 124 millones de pesos por multas electorales, dinero que va a ciencia y tecnología

En otro contexto, magistrado Carrasco resaltó que en el procedimiento especial sancionador se establece un esquema de multas, cuyos montos son destinados a un fin social, particularmente al fomento de la ciencia y la tecnología.  Recalcó que si se trata de infracciones cometidas en elecciones federales, el monto de las sanciones económicas será destinado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), o bien, a los organismos estatales promotores de la ciencia y la tecnología, en el caso de comicios locales.

Señaló que del 10 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015,  la Sala Regional Especializada resolvió más de mil 300 procedimientos especiales sancionadores. “Viendo la estadística de la Sala Regional Especializada, en México tenemos al corte del año 2015, 124 millones 731 mil  740 pesos que se distribuyen a nivel federal y estatal de las multas que se imponen a partidos políticos, por la violación de leyes electorales en materia de especial sancionador”, dijo.

Agregó que es benéfica la canalización de dichos recursos a la ciencia y a la tecnología, aunque lo ideal sería tener pocas infracciones “o que tuviéramos muy pocos procedimientos, pero encontramos una lógica muy importante de conducción de los recursos que se obtienen por las multas”, expresó.