MORELIA, Mich., 23 de febrero de 2016.-Al participar en la inauguración del Segundo Foro del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana: Ética y Derechos Humanos, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, llamó a las autoridades y sociedad a no dar la espalda a una realidad que desafía y cuestiona a nuestras instituciones y a nuestra sociedad. Dijo que el primer paso para la solución del problema es conocerlo para, con base en ello, entenderlo y actuar en consecuencia.
“Discutir y reflexionar sobre el tema de las drogas no implica ningún tipo de promoción o proselitismo, por el contrario, representa asumir una postura responsable para emprender la atención de uno de los temas más difíciles y relevantes de nuestra realidad nacional, mediante el diálogo y el intercambio de ideas objetivo, informado, plural e incluyente, con sustento en evidencia científica, elaborada bajo los más altos niveles de exigencia posible”.
Según un comunicado de prensa, ante el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez; el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián; el Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, y el Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Javier González Mocken, González Pérez subrayó que el problema de las drogas en nuestro país no debe verse como algo incidental o secundario, sino como una verdadera necesidad que demanda atención prioritaria y urgente. “Hoy tenemos la oportunidad y el deber de actuar para ello”, aseguró.
El Ombudsman nacional puntualizó que conocer más sobre las drogas permitirá entender de mejor manera el problema vinculado a las mismas y tener bases sólidas y objetivas para formular las políticas públicas adecuadas y pertinentes que la realidad y nuestras necesidades demandan.
“Desde la dimensión individual del consumo, el carácter y tratamiento que se le da al adicto y consumidor, hasta los problemas de violencia y los ataques a la dignidad humana que se han presentado como consecuencia directa o derivada de las actividades ilícitas de lo que se ha denominado como crimen organizado –explicó–, todos son aspectos que de un modo u otro implican e inciden en el respeto y vigencia de los derechos humanos de las personas, de ahí la necesidad de que los mismos sean el eje o parámetro básico de todo proceso de debate y reflexión que se lleve a cabo en la materia”.
González Pérez enfatizó que la regulación de las drogas debe estar comprendida dentro del campo de la actividad estatal, que está subordinado al reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos. “Ninguna política pública puede mantenerse al margen de esta perspectiva hoy en día y, por el contrario, es un imperativo que todos los ámbitos de la actividad del Estado y las políticas públicas aplicables a los mismos sean revisadas y, en su caso, reformuladas a la luz de los derechos humanos.
Tras mencionar que hablar de drogas desde la perspectiva de derechos humanos no es sencillo, porque el tema está relacionado con varios derechos humanos e involucra distintos ámbitos o esferas de actuación, indicó que hay que abordarlo de manera objetiva desde diversos puntos de vista, procurando la armonización entre los distintos derechos involucrados, que tienen dimensiones individual y colectiva.
“Los derechos humanos –añadió— son punto de convergencia entre el derecho y la ética. En la esencia misma de los derechos humanos subyace el reconocimiento de una dignidad común que nos identifica e iguala como personas, cuyo respeto y vigencia se asume como una prioridad. Este reconocimiento implica una consideración ética, que para su plena vigencia y realización requiere estar garantizado jurídicamente. En materia de drogas, la intervención del Estado se está dando ante la necesidad de resolver una situación problemática de nuestras relaciones sociales, la cual demanda el ejercicio de la actividad regulatoria estatal para propiciar su control, en beneficio de las personas, y a efecto de prevenir nuevas violaciones y ataques a la dignidad de las mismas”.
Precisó que en este caso entran en juego derechos vinculados a la libertad personal, a la no discriminación, a la capacidad de cada persona de decidir sobre el destino y características que quiere dar a sus vidas, a su desarrollo personal y su cuerpo, así como el derecho a la vida y a la protección de la salud de las personas, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, sin desconocer la responsabilidad del Estado de brindar y garantizar la seguridad de la población y prevenir conductas que afecten a la colectividad en su conjunto.
González Pérez concluyó que cualquier esfuerzo regulatorio que se lleve a cabo será insuficiente si no se atienden y fortalecen, en paralelo, los factores y capacidades institucionales y operativas necesarias para que el marco normativo que se genere efectivamente se aplique y su cumplimiento realmente se pueda vigilar.