Invita Llanderal Zaragoza a jóvenes estudiantes a conocer el NSJP

MARAVATÍO, Mich., 17 de marzo de 2015.- “La Reforma Constitucional de 2008 que  entró en vigencia en el Estado de Michoacán en las regiones de Morelia y Zitácuaro el pasado siete de marzo impacta en los sistemas de seguridad pública, de justicia y de  reinserción social” señaló la Secretaria Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza.

De acuerdo con un comunicado, durante una plática informativa brindada a estudiantes del Centro de Estudios Superiores del Oriente de Michoacán con sede en Maravatío, solicitada por la institución educativa con el objetivo de que alumnos conozcan las modificaciones en el sistema de seguridad y justicia del Estado, Llanderal Zaragoza detalló que las instituciones adquieren nuevas responsabilidades, por lo que “es necesario conocer las  funciones y la nueva organización del Poder Judicial y de las dependencias del Ejecutivo encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad;  así como las etapas de los procedimientos penales”.

Entre los puntos más relevantes de  la reforma, dijo, destacan las garantías constitucionales para el respeto a los derechos humanos.

Entre éstas, mencionó  las disposiciones que imponen nuevas obligaciones a la autoridad para preservar el principio de presunción de inocencia,  como la prohibición de  presentar  ante los medios de comunicación a los imputados y la reserva de sus  datos personales; así como la responsabilidad del juez de preferir medidas cautelares distintas a la prisión preventiva en el caso de delitos no considerados graves, cuando el imputado no represente riesgo para la víctima o la sociedad, y no existan elementos que hagan presumir que puede sustraerse de la acción de la justicia.

Otro de los derechos que establece la Constitución para el imputado son: Reservase el derecho a declarar, que se le informen los hechos que se le imputan, presentar  pruebas, y tener una defensa adecuada.

Respecto a los derechos de la víctima, Llanderal Zaragoza, informó a los estudiantes que ahora tiene derecho a un asesor jurídico, a coadyuvar con el ministerio público, presentar pruebas y a intervenir en las audiencias públicas.

Adicionalmente la víctima tiene derecho a impugnar las resoluciones del Ministerio Público y del juez,  y al resguardo de su identidad si existe algún riesgo.

Llanderal Zaragoza informó a los jóvenes  que otro de los temas relevantes en el nuevo sistema de justicia penal, es la posibilidad de que asuntos penales no graves  se resuelvan  a través de medios alternos como la conciliación y la mediación, y agregó que el 60 por ciento de las personas recluidas en los centros de reinserción social son personas que cometieron delitos no graves, por lo que el nuevo sistema de justicia penal busca que el 90 por ciento de los asuntos se resuelvan por medios alternos. Este mecanismo, resulta benéfico tanto para la víctima y el imputado por la agilidad del procedimiento, garantiza la reparación del daño y la no reclusión de primo delincuentes.

Lo anterior, dijo, permitirá la despresurización del sistema penitenciario ya que no a todos los imputados se les  dictará prisión preventiva y los delitos menores podrán resolverse   por mecanismos alternos

Al término de la plática, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, invitó a los jóvenes a conocer a fondo los cambios jurídicos a partir de la Reforma Constitución de 2008,  e informó que desde la Secretaría Ejecutiva se realizan acercamientos con instituciones educativas, gubernamentales, organizaciones sociales y empresariales, como parte de las actividades del  Eje de Capacitación y Difusión para seguir informando de los avances en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Cabe destacar que los asuntos penales sucedidos previo al siete de marzo en las regiones de Morelia y Zitácuaro serán resueltos bajo las normas del sistema inquisitivo mixto, lo que significa que en el Estado, se encuentran funcionando ambos sistemas hasta la resolución del último asunto de carácter penal cometido bajo las reglas del sistema tradicional.