MORELIA, Mich., 9 de junio de 2015.-La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Amalia Dolores García Medina (PRD), afirmó que las mujeres indocumentadas que laboran como empleadas domésticas en Estados Unidos han sido invisibles para los gobiernos y organizaciones del trabajo, además, de que en muchas ocasiones trabajan en condiciones infrahumanas y con bajos sueldos.
“Es un trabajo esclavo en muchas ocasiones y están bajo la amenaza de que si ella y él -aunque los hombres son minoría en ese trabajo- pretenden hacer valer sus derechos, entonces los van a denunciar a migración para que sean deportados”, explicó.
En entrevista, la legisladora aseguró que la condición de estar indocumentadas es tomada como pretexto por los empleadores para violentar todos sus derechos laborales consagrados en distintos instrumentos internacionales.
“EU no ha signado convenciones e instrumentos internacionales fundamentales, como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias; entonces, no se siente obligado el propio gobierno norteamericano, ya no hablemos de los particulares, a respetar los derechos laborales de los y las trabajadoras”.
Se pronunció a favor de las acciones ejecutivas impulsadas por el presidente Barack Obama para que los padres y madres indocumentados de niños hijos nacidos en Estados Unidos puedan “salir de las sombras” y exijan sus derechos laborales. “No se les respeta jornadas de trabajo, vacaciones, su derecho a la seguridad social ni a un salario digno; trabajan incluso fines de semana”.
En el caso de las trabajadoras del hogar en los Estados Unidos, ha habido a lo largo de los últimos años distintas voces, pero no han tenido la fuerza suficiente, agregó.
García Medina señaló que es frecuente que aparezca en los medios de comunicación en los Estados Unidos algún caso de senadores, miembros del gobierno de algún estado o del federal, que tienen a empleadas indocumentadas laborando en sus hogares y en condiciones adversas.
Cuando sale alguna información específica de este tipo, comienzan las voces a reclamar que se les regularice, para que puedan garantizar sus derechos. Es algo circunstancial y hace falta que haya un movimiento más fuerte, sostuvo.
Descartó la posibilidad de que empresas o empleadores busquen que se otorguen permisos de trabajo a migrantes ya que, explicó, resultaría más accesible supervisar o vigilar las condiciones bajo las que laboran, especialmente en el caso de las trabajadoras del hogar.
Sugirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incluya en los censos que realiza a las familias mexicanas, la pregunta sobre si alguno de sus integrantes labora fuera del país y en qué situación migratoria se encuentra.
“Preguntarles en EU es muy difícil, pero preguntar desde aquí a las propias familias que saben qué hace cada uno de sus familiares que están allá, sería el mejor mecanismo”, aseguró.