CIUDAD DE MÉXICO, DF.- 29 de marzo de 2014.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que preside Raúl Plascencia Villanueva, inició una investigación por los hechos denunciados a través de los medios de comunicación, en los que se señala que un grupo de la delincuencia organizada atacó a personas migrantes que viajaban en tren en los límites de Cosoleacaque y Chinameca.

De acuerdo con información recabada por la CNDH, alrededor de la media noche del 26 de marzo en curso, las personas migrantes que viajaban en el tren con dirección a Medias Aguas, Veracruz, fueron sorprendidos por el grupo delincuencial que les exigió el pago de 100 dólares para dejarlos continuar su trayecto.

Debido a que se negaron a pagar, dos personas de nacionalidad hondureña fueron lanzadas desde el tren, causándoles la muerte.

Por instrucciones del Presidente de este organismo nacional un grupo de visitadores adjuntos y peritos se desplazaron a los diversos puntos a los que fueron trasladados los migrantes occisos, con el fin de realizar la investigación de los hechos y las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas.

Asimismo, dentro de las primeras acciones, dicho personal visitó las agencias del Ministerio Público en Minatitlán y Cosoleacaque, dando seguimiento a las investigaciones; fueron al lugar de los hechos para recabar evidencias y solicitó información a diversas autoridades, entre estas, al Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, a la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado y la Presidencia Municipal de Cosoleacaque, Veracruz.

La Comisión Nacional considera necesario que se actúe con la debida diligencia en la investigación y procesamiento de los responsables, pero sobre todo, en las medidas de prevención para proteger a las personas migrantes que transitan por nuestro país, y se garantice su seguridad e integridad personales, con independencia de sus situación migratoria.

La investigación que realiza la CNDH se efectúa en el marco de sus atribuciones Constitucionales y legales, verificando que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan su labor de brindar seguridad y protección a las personas, en el ámbito de sus respectivas competencias y evitar al mismo tiempo, que hechos como los acontecidos queden impunes.