Incrementa CNDH acciones para apoyar a víctimas de delito

MÉXICO, DF., 27 de septiembre de 2014.- Además de ofrecer atención especial a las víctimas del delito para redimensionar su papel y señalar a las autoridades su obligación de respetarlas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, lleva a cabo eventos de capacitación y divulgación a fin de que ciudadanos y servidores públicos, conozcan sus derechos y los hagan valer.

Mediante su Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVICTIMA) la CNDH subraya su compromiso y proporciona a los agraviados, información y acompañamiento, atención médica, psicológica y orientación jurídica y promueve entre la sociedad la cultura de respeto a sus derechos.

En lo que va de 2014 ha llevado a cabo más de cuatro mil servicios de atención al público mediante atención jurídica, psicológica, información y acompañamiento a los agraviados; de ese total se han aperturado dos mil 168 expedientes para la atención a víctimas del delito.

Asimismo se ha capacitado a más de ocho mil 680 personas, incluyendo  servidores públicos, y se han entregado más de 12 mil materiales de difusión.

A través de capacitación por medio de talleres, pláticas y foros, se propicia que las autoridades en el ejercicio de sus funciones se abstengan de anular o desconocer tales derechos o de utilizar mecanismos que provoquen una doble victimización institucional.

Se brinda información para que los ciudadanos sepan que los efectos del delito no terminan con la afectación directa a la víctima, sino que además se extiende indirectamente a terceros como la familia y a los testigos que le prestan ayuda, entre otros.

Lamentablemente, en muchos casos, las víctimas continúan siendo olvidadas dentro de los sistemas de justicia, quedando aún en el desamparo institucional, situación que en un Estado de derecho y por humanidad no puede tolerarse.

A la CNDH le preocupa que en infinidad de ocasiones, las víctimas, además de padecer la acción de la delincuencia, enfrenten la omisión, inacción o inadecuada respuesta de las autoridades responsables de la impartición y procuración de justicia.

Por ello, la intervención de este Organismo público autónomo tiene el propósito de lograr que se restituya el pleno goce de los derechos que les fueron conculcados, se les repare el daño causado y ante todo, que se preserve la vida y seguridad de las víctimas y sus familiares.