MÉXICO, DF., 21 de abril de 2014.- Al lamentar que en México no se haya podido contener el deterioro ambiental, debido a que la efectividad de la política gubernamental en la materia ha sido muy baja, la diputada federal de Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez, propuso al Congreso de la Unión reformar la fracción 10 del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo a un comunicado de prensa, esto con el fin de incorporar a las facultades y obligaciones del Presidente de la República, observar los principios normativos de “la promoción de la sustentabilidad ambiental y la democracia” al momento de dirigir la política exterior y la celebración de tratados internacionales.
La legisladora federal mexiquense reprobó que en nuestro país se carezca de suficiente voluntad política para llevar adelante un conjunto de medidas ambientales efectivas y eficaces, así como los recursos humanos y financieros necesarios para tal fin,.
Lamentó que en el conjunto de las acciones económicas y ambientales tomadas como una interrelación necesaria, no exista todavía un mínimo de coordinación intergubernamental que pudiera empezar a dar resultados en la sustentabilidad de la nación, por lo que es indispensable hacer eficientes las políticas en esa materia y articularlas cada vez más con la estrategia de desarrollo económico, con amplia perspectiva democrática.
Garfias Gutiérrez señaló que la estrategia de desarrollo seguida hasta ahora en nuestro país se ha justificado en un uso desmedido de los recursos naturales, sin tomar en cuenta su reposición o, en su caso, la aplicación de procedimientos de economía y mantenimiento adecuados, en especial por lo que hace a los suelos, el agua para uso agrícola, industrial y doméstico, las superficies boscosas y los energéticos.
Destacó que durante años, el agua y el petróleo se han considerado casi bienes gratuitos, los bosques han sido depredados y los suelos se han erosionado y desertificado; los ríos esteros y lagunas se han contaminado y la vegetación aledaña ha sido destruida. “La perspectiva yace en el agotamiento de capacidades de producción”, advirtió.
La legisladora aliancista documentó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que los activos forestales registraron una disminución media anual de 0.9 por ciento, consecuencia de la pérdida promedio anual de alrededor de 258 mil hectáreas de bosques de coníferas y latifoliadas, así como de selvas con cobertura vegetal de más de 10 por ciento, 5 metros de altura y con extensión mayor a 0.5 hectáreas.
Entre las causas de este agotamiento se distingue la presión ejercida tanto por las actividades silvícolas sin un manejo sustentable de los bosques, como por la tala clandestina, los incendios y el avance de la agricultura y la ganadería.
Garfias Gutiérrez explicó que el desarrollo sustentable, tal como se ha concebido, supone que las sociedades –mediante sistemas políticos cada vez más democráticos– sean capaces de economizar sus escasos recursos, agilizar sus decisiones sobre la asignación de recursos reales y armonizar los intereses nacionales con los globales.
Declaró que “en Nueva Alianza estamos convencidos plenamente que toda transformación, principalmente una tan trascendente como la que entraña el proceso necesario para alcanzar la meta del desarrollo sustentable y equitativo, requiere de mecanismos institucionales tanto a nivel nacional como internacional”.
Advirtió que las políticas económicas, entre las que sobresalen las destinadas a reducir la desigualdad y garantizar un nivel de vida básico, así como el fortalecimiento del mercado interno, deben ir acompañadas de políticas sociales y ambientales con un claro enfoque democrático.
La diputada aliancista Lucila Garfias Gutiérrez apuntó que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Nueva Alianza pretende establecer una perspectiva global en la que esté inscrito el objetivo del desarrollo sustentable sin condicionantes, y sin atentar en contra de la soberanía nacional, definiendo así una noción de soberanía relativa que reconoce fronteras con perspectiva democrática, por lo que se pretende incorporar como principios normativos de observancia para el Presidente de la República, al momento de dirigir la política exterior y la celebración de tratados internacionales, la democracia y la sustentabilidad ambiental.