CIUDAD DE MÉXICO, 5 de febrero de 2016.- Se requiere de la construcción de una política archivística sólida en la gestión de gobierno, que fortalezca el acceso a la información y la rendición de cuentas y contribuya con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia, afirmó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Areli Cano Guadiana.

Según un comunicado, al participar en el seminario “Ley general de Archivos: La preservación de la memoria colectiva y el derecho a la verdad en México”, sostuvo que no es posible la existencia del derecho de acceso a la información sin archivos.

Cano Guadiana señaló que la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014 reconoce la innegable importancia que tienen los archivos y su adecuada gestión para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Recordó que entre los objetivos rectores de dicha reforma se encuentra  el de crear las condiciones para un mejor ejercicio del derecho de acceso la información, con mecanismos expeditos y certeros, que hagan posible que las personas obtengan información confiable sobre el quehacer gubernamental.

Por lo anterior, expuso, el legislador incorporó en la reforma constitucional la disposición expresa para facultar al Congreso a expedir una Ley General en la materia, con el propósito de establecer la administración y organización homogénea de los archivos en los tres niveles de gobierno, así como la existencia de una instancia especializada en la cuestión archivística.

La comisionada del INAI aseguró que no debe haber duda de que esa instancia es el Archivo General de la Nación, al que se le deberá cambiar su figura jurídica para que sea un organismo descentralizado no sectorizado, y con autonomía técnica y de gestión.

Afirmó que a fin de cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia el INAI y el AGN podrían gestionar acuerdos interinstitucionales para intercambiar conocimientos en materia archivística, con la finalidad de fortalecer su labor, así como impulsar la digitalización de la información generada, con motivo del ejercicio de las funciones y atribuciones de los sujetos obligados.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que esta ley es fundamental, ya que de ella depende la buena implementación y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos  para acceder a la información pública.

En ese sentido, aseguró que esta legislación sentará las bases para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, “pues representa la piedra nodal de un conjunto de reformas”.

El derecho a la información, la protección de datos personales, la memoria y la verdad, representan la piedra angular de esta ley, por ello hemos puesto en el centro de atención, la identificación puntual de los sujetos obligados y de los órganos garantes que deben crear las condiciones para que sean ejercibles los derechos de los ciudadanos, manifestó el legislador.

A su vez, la directora general del AGN, Mercedes de Vega Armijo, dijo que es indispensable llevar a cabo la armonización de la Ley General de Transparencia, la de Archivos y la de Protección de Datos Personales, ya que los archivos entendidos como sistema o recursos informativos son la materialización del poder del Estado y el lenguaje a través del cual hablan las instituciones.

En este sentido, aseguró que a los archivos les corresponde garantizar que la información sea accesible, inteligible, auténtica, segura e integra, ya sea pública o reservada, por lo que es necesario que al mismo tiempo que se promulgue esta ley, se les dote con las capacidades presupuestales, recursos humanos e infraestructura tecnológica que permitan el cumplimiento de la misma.

Estuvieron presentes la comisionada María Patricia Kurczyn, el comisionado Oscar Guerra Ford, la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación; Jesús Peña Palacios,  representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, yLourdes Morales Canales, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).