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La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto de Defensoría Pública signaron un acuerdo como parte del Plan Michoacán
MORELIA, Mich., 28 de noviembre de 2014.- Para fortalecer las acciones legales a favor de la población indígena que se encuentra bajo un proceso penal y penitenciario, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto de Defensoría Pública, signaron un acuerdo de colaboración en el marco del Plan Michoacán.
De acuerdo con un comunicado de prensa, lo anterior a fin de dar atención a indígenas, población que se encuentra en desventaja social, legal y económica ante el sistema de justicia penal, situación que se agudiza cuando en juicio no son asistidos por un intérprete-traductor en su lengua materna.
Por esa razón la Delegación Estatal de la CDI, la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social y el Instituto de Defensoría Pública en el estado Michoacán, asumieron el compromiso en el ámbito de sus respectivas competencias, de impulsar acciones que coadyuven al ejercicio pleno de los derechos específicos de la población indígena.
De acuerdo con Rafael Muñiz Cruz, delegado de la CDI en el estado, entre estas acciones se incluyó la Jornada de Revisión de Expedientes de Indígenas Privados (as) de la Libertad en el Sistema Penitenciario de Michoacán, que se llevó a cabo del 25 al 27 de noviembre de 2014, como parte de las acciones que realiza la CDI en la capital del estado.
Se revisaron 96 expedientes jurídico-administrativos de indígenas, para conseguir la excarcelación de 46 personas (39 hombres y 7 mujeres).
“De igual manera, la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social llevó a cabo 55 estudios de personalidad, de los cuales 16 están próximos a ser enviados a los Jueces de Ejecución de Sanciones Penales, para que en el ámbito de su competencia resuelvan lo que conforme a derecho proceda. También se destaca la invaluable participación del Instituto de Defensoría Pública en las gestiones legales para concretar la excarcelación, provisional o definitiva, de los indígenas beneficiados”, puntualizó.
Otro componente importante de ayuda mutua, dijo, tiene que ver con los mecanismos que permiten el ejercicio del derecho al Debido Proceso de manera particular, propiciando la intervención de intérpretes-traductores en lenguas indígenas que coadyuven con el sistema de justicia penal, a efecto de que las personas indígenas que no hablen o no comprendan suficientemente el español, puedan entender lo que sucede en el procedimiento penal en el que se encuentren involucradas.
Otra acción fundamental, es el Diagnóstico de población indígena privada de la libertad que, gracias a la ayuda y apoyo efectivo por parte de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, la CDI realiza en el sistema penitenciario, permitiendo conocer con mayor detalle las particularidades de la población penitenciaria indígena, por ejemplo: su edad, origen, pueblo indígena, situación jurídica y vida en reclusión, entre otros aspectos.
La revisión de los expedientes penales de la población indígena que realiza el personal comisionado por parte de las tres instituciones, tiene un carácter permanente y se mantendrá entre las prioridades de éstas, respetando desde luego los derechos de las víctimas u ofendidos.