Feminicidios se incrementan al igual que violencia y abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO., 22 de abril de 2014.- Integrantes de la Comisión Especial relacionada con los feminicidios y la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Nelly Montealegre Díaz, reconocieron que el flagelo de este tipo de asesinato se ha incrementado al igual que los delitos de violencia y abuso sexual.

Según un comunicado, en la reunión de trabajo, la fiscal especial señaló que son pocos los estados que cuentan con protocolos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para dichos delitos.

En el tema de violencia, dijo, en los últimos 15 meses se han abierto 132 expedientes, la mayoría de ellos en contra de servidores públicos del sector educativo.

Destacó que el año pasado se consignó a 47 maestros y maestras como probables responsables de lacerar a niños, niñas y adolescentes en las escuelas.

“Tenemos denuncias desde guarderías hasta doctorado. Hay casos de maltrato, abuso sexual y violación, lo que es muy preocupante”, dijo.

Montealegre Díaz citó que en dos casos registrados el año pasado, los maestros señalados por violencia sexual, al saber de una orden de aprehensión, desertaron de sus escuelas para prestar sus servicios en centros educativos particulares.

Señaló que a la fecha no existe un registro de estos agresores sexuales para darles seguimiento y evitar nuevas víctimas. La situación, dijo, se complicó al momento en el que la educación fue descentralizada.

“La educación sólo en la Ciudad de México es federal, la de los estados es administrada localmente y eso complica el seguimiento a los agresores sexuales que se contratan en escuelas particulares, lo que los hace más peligrosos, ya que conviven con víctimas potenciales”, indicó.

Dijo que actualmente, solo 14 estados cuentan con un protocolo de investigación de violencia sexual, las otras 18 entidades carecen de ello.

La diputada Denise Ugalde Alegría (PRI) propuso, como medida de seguridad para los educandos, solicitar antecedentes no penales a los maestros, a fin de evitar agresiones sexuales; además, cuestionó sobre las acciones que ha implementado la Fevimtra para evitar que las mujeres que egresan de los refugios administrados por la dependencia, no regresen con sus agresores, la mayoría de las veces, por cuestiones económicas.

La diputada Julisa Mejía Gallardo (PRD) solicitó a la funcionaria indicar qué artículos o qué leyes deben ser modificadas para establecer requisitos y medidas de seguridad para evitar que profesores agresores sexuales se contraten tanto en la Secretaría de Educación Pública como en las escuelas particulares.

Por lo que respecta a los feminicidios, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) manifestó su preocupación por que el problema, en lugar de disminuir, se ha incrementado. Sólo, dijo, en Chihuahua, donde no se ha tipificado este delito dentro del Código Penal, se han registrado en los últimos meses más de 30 mujeres asesinadas, 17 de ellas en Ciudad Juárez.

La diputada Elena Corrales Corrales (PRI) señaló que en su entidad, Sinaloa, se ha tipificado el feminicidio, lo que ha contribuido a combatir el flagelo. Solicitó a la funcionaria determinar las líneas de acción por parte del Congreso de la Unión para apoyar a la Fevimtra y aplicar medidas en todos los estados.

Por su parte, la diputada Julisa Mejía Gallardo (PRD) solicitó a la Fiscalía que explique, en una próxima reunión, la forma en la que se aplicará el presupuesto asignado a esa dependencia para la capacitación de personal forense, médicos legistas, ministerios públicos, policías ministeriales y de investigación, así como para el fortalecimiento de los refugios para mujeres, los centros de atención externa y el protocolo y registro de datos genéticos.

En respuesta, la titular de la Fevimtra señaló que es complicado evitar que víctimas de maltrato sexual o trata de personas regresen con sus agresores, más aún, cuando éstas llegan a recibir, pese a ser explotadas, entre mil y tres mil pesos diarios.

Mencionó que la dependencia a su cargo abrió dos nuevos ejes de investigación relacionados con los feminicidios y que son: la búsqueda de niños, niñas y mujeres desaparecidos y los delitos cometidos a través de medios electrónicos en agravio de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los grandes retos del Estado, aseguró, es localizar a todas las mujeres, niñas y niños desaparecidos en territorio mexicano, cuya desaparición puede estar asociada con la trata de personas, a un esquema de violencia, al feminicidio o a la pornografía infantil.

Resaltó que es en las vacaciones de verano cuando se incrementa el número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.

“Hay mucha deserción del hogar en esta temporada y más en las fechas de entrega de calificaciones en las escuelas. Los menores, ante el temor de ser regañadas o regañados por sus padres, tienden a huir de su casa. La Fiscalía busca orientar a estos menores de los riesgos que eso implica”, dijo.

Por otra parte, solicitó a las legisladoras elaborar un punto de acuerdo para exhortar a las procuradurías y fiscalías generales de justicia locales a que revisen sus protocolos de investigación, en caso de tenerlos, y los estandaricen de acuerdo con parámetros internacionales.

A los estados que no cuentan con dichos protocolos, la funcionaria pidió se les convoque a elaborarlos a partir de principios de derecho internacional de derechos humanos de las mujeres, a fin de cumplir con lo establecido en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.

La fiscal especial propuso también exhortar a las procuradurías y fiscalías generales a que se coordinen con la Fevimtra y cumplan con lo establecido en la línea de acción 2.5.3 de dicho programa para diseñar e impulsar un protocolo de actuación en las especialidades de medicina, psicología, antropología forense y odontología para la atención de víctimas y familiares, con visión de perspectiva de género en el ámbito del servicio pericial.

De igual forma, para que hagan llegar a la PGR las muestras de códigos genéticos de los cuerpos de mujeres, niñas y niños, sin vida, hallados en sus territorios para ser comparados y determinar su procedencia y hacer eficaz el castigo a este delito.

En su exposición, la funcionaria señaló que a la fecha son 16 los estados que no cuentan con un protocolo de investigación de homicidio de mujeres o feminicidio: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

En tanto, los que no cuentan con un protocolo de investigación de niñas y mujeres desaparecidas son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

Chihuahua y Nayarit, dijo, no han tipificado el delito del feminicidio, por lo que hizo la convocatoria para que los armonicen conforme al Código Penal Federal.

Agregó que la Fevimtra colabora con el Comité Regional de Trata y Tráfico de Personas que coordina el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para establecer o identificar las rutas de las organizaciones criminales que operan en nuestro país y que llevan víctimas desde nuestro país al extranjero y viceversa.

De igual forma, agregó, trabaja con el grupo interinstitucional que coordina la Secretaría de Gobernación para establecer un protocolo de atención a las víctimas de trata de personas con necesidades de protección internacional.

También colabora con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para orientar a las comunidades en el sentido de que el matrimonio forzado es un delito, pese a que es una práctica sistemática de los usos y costumbres de la región.

Por lo que toca a la Alerta Amber, la cual coordina la Fevimtra, indicó que el estado de Zacatecas aceptó sumarse a ella, con lo que las 32 entidades del país ya están incorporadas

Mencionó que el año pasado se registraron 182 alertas y prealertas, en tanto que en lo que va del año se han activado en 57 ocasiones. Aunado, dijo, la Fiscalía cuenta con un programa de búsqueda y localización de niñas, niños y mujeres desaparecidas.

De los 406 casos de denuncia presentados en 2013, se localizaron, con vida y sin vida 258; en tanto que en el primer trimestre de 2014 se registraron 72 denuncias y en todos los casos se localizó a la persona desaparecida.