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MORELIA, Mich., 16 de agosto de 2013.- Las políticas gubernamentales en materia de seguridad pública son erráticas y se aplican de manera discrecional para criminalizar la lucha social, como lo muestra la reciente incursión federal en la comunidad nahua de San Miguel de Aquila, acusaron organizaciones indígenas y campesinas en conferencia de prensa.
Abelardo Torres, representante de la organización indígena Nación P’hurépecha e integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), demandaron a los gobiernos federal y estatal anteponer el diálogo y canalizar la represión a los grupos delincuenciales y no a “aquellas organizaciones indígenas que están en lucha por la defensa de sus derechos y recursos”, dijeron.
Por ello, “manifestamos nuestra más amplia solidaridad con los compañeros comuneros detenidos en el operativo, exigimos a los gobiernos de Jesús Reyna García y de Enrique Peña Nieto la inmediata liberación de los comuneros presos en el operativo y que no ataquen a las organizaciones sociales que sólo defienden sus recursos de la delincuencia”, señaló Alfredo Amezcua, en representación de la CODUC.
El presunto conflicto interno de la comunidad es un fenómeno impulsado por la empresa Ternium para dividir a los mineros, que en realidad no se encuentran divididos, aseguró por su parte, Abelardo Torres, dirigente indígena de la Meseta y de la Cañada de los 11 Pueblos.
“El supuesto conflicto interno entre comuneros no existe en realidad. El padrón de la comunidad reconoce a 441 comuneros con derechos y obligaciones, y 40 de ellos tienen sus derechos suspendidos por faltar a las obligaciones de la asamblea y por ponerse del lado de la transnacional minera”, aclaró.
Cuestionados por los medios, los dirigentes indígenas destacaron que su apoyo es para la comunidad indígena y no para ninguna persona en específico. “Nuestras organizaciones apoyan a la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, a los que defienden sus recursos del saqueo y la depredación de transnacionales y criminales. Sólo en ese sentido apoyamos a todos los detenidos, a quienes consideramos nuestros hermanos y les pedimos que resistan”, destacó Jorge Medina, dirigente de la CODUC – Michoacán.
Por otra parte, Abundio Marcos, dirigente p’hurépecha de la Cañada de los 11 Pueblos, demandó en su intervención respeto a los derechos de la comunidades indígenas para organizarse y defenderse, y exigió a las autoridades apliquen “políticas claras contra los verdaderos delincuentes y protección para las comunidades, y que modifiquen su estrategia de seguridad, que hasta ahora sólo ha beneficiado a los delincuentes y a las empresas trasnacionales que devastan la región”, concluyó.