Exigen castigo a funcionarios involucrados en tráfico de armas

MORELIA, Mich., 30 de mayo de 2015.- El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado federal Juan Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano), propuso solicitar a las secretarías de Hacienda y de la Defensa Nacional, así como a la Procuraduría General de la República, realicen investigaciones exhaustivas para determinar y en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos o funcionarios involucrados en el ingreso ilegal de armas de origen alemán al país.

A través de un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, llamó a realizar indagatorias que descubran a los servidores públicos o funcionarios de gobierno que, faltando a los principios constitucionales, permiten el ingreso ilegal de las armas, que “utilizan las organizaciones criminales para la comisión de diversos delitos en el país”.

Relató que de acuerdo con estudios elaborados por la Procuraduría General de la República, en México han ocurrido más de 60 mil muertes violentas relacionadas con el tráfico ilegal de armas. De los artefactos recuperados en el país, que habían sido objeto de rastreo e investigación entre 2007 y 2012, el 70 por ciento provienen de diversos países.

Samperio Montaño precisó que muchos de los actos violentos ocurridos en Jalisco, Guerrero y Chiapas están relacionados con armas de tráfico ilegal, mismas que llegan al país sin que se determine responsabilidad alguna a funcionarios o particulares que intervinieron en la comisión de este delito que tanto afecta a la sociedad mexicana.

Refirió que tal es el caso de la empresa alemana “Heckler y Koch” a lo cual se le acusa de la transferencia de armas a México, pues según datos de la agencia aduanera en Alemania, entre 2003 y 2011 dicha compañía envió fusiles de asalto HKG36, sin autorización oficial de los gobiernos de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco.

La obligación primordial del Estado, dijo, es salvaguardar la seguridad nacional, así como hacer cumplir las obligaciones sobre la protección a sus ciudadanos, por lo que “el sólo hecho de permitir el ingreso de armas, ocasiona un aumento en el porcentaje sobre la comisión de delitos”.

El diputado Juan Ignacio Samperio llamó a realizar las investigaciones que ayuden a eliminar la impunidad y determinar la responsabilidad administrativa civil o penal, de los particulares, servidores públicos o funcionarios involucrados en el ingreso ilegal de estas armas de origen alemán, y “con las cuales la delincuencia organizada ha privado de la vida a mexicanos y realiza infinidad de delitos que lastiman a la sociedad”.

Subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar social de los ciudadanos, así como mantener una paz continua, toda vez que es un derecho humano garantizado en el artículo 21 de la Constitución Política. Este precepto refiere a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y dónde también comprende la prevención de los delitos, así como la investigación y persecución de los mismos.

Además, indica que las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y, sobre todo, respeto a los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna.