Cultura de la paz y fortalecer los DH, el reto: asociaciones civiles
MORELIA, Mich., 19 de noviembre de 2015.- El pleno de la 73 Legislatura de Michoacán aprobó el exhorto presentado por la diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta, a los titulares del Poder Ejecutivo Estatal, Legislativo y Judicial, así como a los presidentes municipales y a los responsables órganos autónomos, a fin de dar cumplimiento a las responsabilidades contenidas en Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado, para que reserven al menos 3% de su plantilla laboral para personas con discapacidad, además de que en sus presupuestos etiqueten recursos en beneficio de este sector, así como estímulos.
Según un comunicado, a este punto de acuerdo, se sumaron los integrantes de diversos grupos parlamentarios, con el objetivo de hacer justicia a este grupo poblacional que demanda acceso a los programas y acciones que se impulsan en los diversos podres.
El exhorto que la Diputada Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en El Congreso Local y fue aprobado por todos los legisladores solicita al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas se realicen los ajustes presupuestales necesarios, a efecto de garantizar que en el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo y los órganos autónomos del Estado de Michoacán, se destine como mínimo, el 2% del total a fin de establecer programas y realizar acciones prioritarias que garanticen la eficaz atención y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.
Asimismo se exhorta a los presidentes municipales a efecto de que garanticen que en el Presupuesto de Egresos de los ayuntamientos se destine como mínimo, el 2% del total, a fin de establecer programas y realizar acciones prioritarias que garanticen la eficaz atención y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.
De la misma forma, se exhorta a los distintos poderes para que instruyan a las áreas correspondientes, a fin de garantizar que tanto ellos como los gobiernos municipales, sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos, reserven al menos 3% de su plantilla laboral para personas con discapacidad.
También se exhorto a los involucrados para que realicen los ajustes administrativos necesarios para garantizar que se brinden créditos o estímulos para el autoempleo o generación de negocios o microempresas, otorguen al menos un 10% del total de los mismos a personas con discapacidad.
Cabe señalar que Nalleli Pedraza en tribuna recordó que de acuerdo con información del INEGI, con datos del censo 2010, en Michoacán viven alrededor de 270 mil personas con alguna discapacidad, lo cual coloca al estado como la tercera entidad con mayor porcentaje respecto a la población total.
La tasa de participación económica, es decir, el porcentaje de personas que se consideran económicamente activas, es del 29%, esto representa alrededor de 78 mil personas, lo cual es considerablemente menor al porcentaje que se reporta para personas sin discapacidad, que es de 53%
Ante sus compañeros diputados subrayó “ninguna persona presente en este recinto debe sentirse ajena a las diversas problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad, bien sea porque viven de manera personal una discapacidad, o porque entre su familia o amistades se vive alguna discapacidad, o por el hecho simple de que un accidente, una enfermedad o la vejez nos puede llevar a cada uno de nosotros a vivirla. Por lo tanto ninguna persona debe excluirse de la preocupación y atención de estas problemáticas”.
Agregó “en mi caso, vivo y disfruto la condición de discapacidad de Antonella, mi hija de cinco años, de quien he recibido el más transparente y profundo amor, pero también con ella he padecido circunstancias de discriminación, de ignorancia, y de mal trato. Y por eso es que quiero para ella y todos y todas, una realidad diferente en nuestro Estado, una que esté libre de discriminación, de violación de derechos y de violencia”.
Finalmente Nalleli Pedraza agradeció a sus compañeros legisladores que se hayan sumado al punto de acuerdo presentado y aprobado por unanimidad en beneficio de las personas con discapacidad.