Estado no sólo debe asegurar derechos, sino también combatir impunidad

MORELIA, Mich., 8 de agosto de 2015.- En el marco de la Mesa de Análisis “Argumentando los Derechos Humanos”, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH (CENADEH), el tema de discusión fue Violencia, Cultura de Paz y Derechos Humanos, donde los expositores coincidieron en señalar que mientras el Estado es quien viola los derechos humanos, paradójicamente, es también quien debe garantizarlos.

Según un comunicado de prensa, con la participación de expertos en la materia, Julieta Morales Sánchez, Directora General del CENADEH, moderadora de la Mesa, indicó que la impunidad genera reproducción social de la violencia y de los delitos: “estamos en un círculo vicioso de impunidad e injusticia, que expone o agrava la situación de víctimas que a su vez son revictimizadas no solamente por delincuentes, sino por parte de las entidades estatales”.

Abundó que para tener paz se debe pensar en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, “no se puede pensar en paz si la población no tiene qué comer, no tiene acceso a la salud o no tiene empleo, no tiene vivienda o no tiene acceso a la educación obligatoria”, dijo.

Por su parte, Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que frente al incremento de la violencia en nuestro país, una de sus consecuencias fundamentales son las afectaciones a los derechos humanos, por lo tanto –aseguró-, la política o construcción de una sociedad de derechos, como lo ha planteado el Presidente de la República, es reducir los índices de violencia en lo general.

Detalló que la situación que vivimos en nuestro país en los últimos años, deja ver cómo desde el ámbito negativo de las violaciones de los derechos humanos, la vinculación paz-derechos humanos-seguridad es ineludible. En cuanto la paz se quebranta por la violencia, las violaciones a los derechos fundamentales son las primeras que se presentan. Aseguró que la justicia es otro factor que contribuye a la armonía entre paz, desarrollo y derechos humanos.

En su intervención, Guillermo Silva, asesor del Ombudsman Nacional, dijo que el Estado tiene la responsabilidad básica e irrenunciable en el respeto, promoción y vigencia de todos los derechos fundamentales de las personas, y consideró que en la construcción de esa cultura de derechos humanos, todos tenemos algo que aportar.

“El reconocimiento de derechos es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr la paz. Un ejercicio llevado al extremo de la autonomía y de la libertad de una persona no da espacio a la tolerancia, pues es incompatible con el respeto a las demás personas”, agregó.

La representante de FUNDAR, Ximena Antillón Najilis, hizo algunas reflexiones sobre la importancia de atender las consecuencias que se presentan en las personas que han sido víctimas de graves violaciones a derechos humanos y en familiares de personas desaparecidas.

Subrayó que la violencia tiene impactos no sólo en la sociedad sino en la subjetividad de las personas, provocando un sentimiento de vulnerabilidad y desprotección, sobre todo cuando los que deben garantizar nuestra seguridad son quienes violan los derechos, circunstancia que debe atenderse para construir un futuro con cultura de paz.

De igual forma, el Director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, Arturo Alvarado Mendoza, precisó que estamos frente a una violencia, particularmente homicida, en la cual hay factores tanto individuales como los que explican la forma organizada de una violencia criminal.

Detalló que el miedo juega un papel como articulador y constructor del sentido de esta violencia, en cuyo alrededor se construye la excepcionalidad del funcionamiento del Estado, donde por un lado se enuncian los derechos y por el otro se ejerce el poder de una manera en que los derechos son anulados. Apuntó que en este sentido es un reto entender qué función tienen esos derechos entre la población, así como en las acciones del Estado.

Finalmente, el editor de la página web Nuestra Aparente Rendición, Alejandro Vélez Salas, expuso que uno de los graves problemas políticos y éticos que vivimos en México es la incapacidad técnica profesional de las autoridades y la forma de minimizar esta catástrofe, al proporcionar subregistros que no se apegan a la realidad, como en el caso de las fosas clandestinas.

La próxima semana continuará el ciclo “Argumentando los Derechos Humanos”, con el tema “El desarrollo como un derecho humano”.