En febrero próximo, Reforma Indígena “de gran calado”

MORELIA, Mich., 28 de diciembre de 2014.- El próximo mes de febrero el Gobierno Federal podría lanzar una iniciativa de ley indígena “de gran calado” que recogería tanto los Acuerdos de San Andrés como la nueva normatividad nacional e internacional en la materia, adelantó en Chiapas Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.

“Durante seis meses hemos trabajado tema por tema con un grupo de abogados y expertos, consolidando los temas de los sistemas normativos, la autonomía y libre determinación, tierras y territorios y recursos naturales; tenemos toda la estructura jurídica ya organizada y creemos que alrededor de febrero tendríamos la propuesta consolidada”, señaló el funcionario de acuerdo con una nota que publica la edición nacional del diario La Jornada.

En entrevista, el ex integrante de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que participó en la firma de los acuerdos de San Andrés, dijo que “2014 debe ser el año de las definiciones en las reformas indígenas que reclama el país”.

Reiteró que ello permitiría establecer una nueva relación entre los pueblos originarios del país y el Estado mexicano, a través de la definición de políticas públicas sobre la base de que los éstos son sujetos y no objetos”.

“Los tiempos para que este gobierno pueda consolidar una estrategia sólida y adecuada en materia indígena mediante las reformas tendrán que producirse el próximo año”, señaló e insistió en que la nueva propuesta de ley que elabora la dependencia a su cargo “se está consolidando tomando como base los acuerdos de San Andrés plasmados en la iniciativa de Ley Cocopa, pero será mejorada con aportaciones como la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos indígenas, el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se establecen con claridad las definiciones que en 1996 eran tabú como tierra, territorios, recursos naturales o la consulta indígena”.

Manifestó que “por ninguna circunstancia” la iniciativa que está en proceso de elaboración “podría eludir los compromisos que el gobierno mexicano firmó con el EZLN, y estoy convencido de que en ningún momento los textos allí plasmados tienen problemas de carácter jurídico como algunos dijeron en 1996 para descalificar la iniciativa Cocopa”.

Luego de asegurar que “hay sectores con poder político y económico que están en contra” de la aprobación de la iniciativa Cocopa, sostuvo que quienes se opusieron a la iniciativa de 1996 con el argumento de que “tenía fallas de técnica jurídica e iba a fragmentar el país son quienes han entregado casi la mitad del territorio nacional mediante el otorgamiento de 96 millones de hectáreas para explotación minera”.

Afirmó que ahora “he visto no sólo que hay disposición en término de palabra sino un respaldo y una obligación para el Estado”, con la publicación del programa gestorial de la Secretaría de Gobernación 2013-2018 en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de diciembre, en el que se establece el compromiso de impulsar la armonización de la legislación nacional con la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas e impulsar la armonización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en la materia.

“La publicación del programa representa un compromiso del Gobierno Federal y tenemos que acatarlo y llevarlo a la práctica”, concluyó