MORELIA, Mich., 1 de junio de 2015.- La impotencia, dolor, coraje y sufrimiento se reavivaron en las víctimas del atentado terrorista del 2008 en Morelia después de la liberación de los 4 presuntos responsables de los ‘granadazos’ del 15 de septiembre, así lo expresaron los hombres y mujeres que sintieron las heridas de las esquirlas y que este lunes acudieron ante autoridades estatales a exigir una revaloración de cada uno de los casos.

Y es que, a 7 años de la agresión, las víctimas todavía padecen graves secuelas físicas y psicológicas, muchas de ellas diagnosticadas de por vida, por lo que los apoyos económicos han resultado insuficientes ante los costos de las constantes cirugías, servicio médico y psicológico, rehabilitación, así como los gastos escolares de los niños y jóvenes que quedaron huérfanos o son hijos de padres que ya no pueden trabajar.

Al mediodía de este lunes, un grupo de los afectados del 15 de septiembre de 2008, acudieron a la Dirección de Recursos Humanos del gobierno estatal para solicitar la revisión al pago de becas, mismas que no han sido actualizadas en sus montos de acuerdo a lo que establecen los decretos legislativos, así como para conocer el estatus del financiamiento que se creó para que las víctimas recibieran un apoyo anual de alrededor de siete mil 500 pesos.

La representante de los afectados, Liliana Díaz Fernández, precisó que el decreto establece la actualización de pago de becas y pensiones de acuerdo al salario mínimo autorizado, por lo que el gobierno estatal aún debe el pago retroactivo de los primeros 6 meses del año.

No obstante, señaló la necesidad de que cada uno de los casos sea revalorado, pues existen familias, donde el padre y la madre continúan con serias complicaciones que les impiden trabajar y los apoyos económicos de aproximadamente cinco mil 500 pesos mensuales resultan insuficientes para su atención médica y manutención familiar.

Además de que se han registrado casos de a quienes se les ha negado el servicio médico y psicológico gratuito, tal y como está establecido en los acuerdos normativos.

“Nos dicen que somos mantenidos y yo no quiero que nos mantengan, yo creo que nos pueden dar un trabajo de acuerdo a las condiciones de cada uno, porque es injusto que nos traten así” puntualizó María Encarnación Dimas López, quien al explicar su caso, le resulta inevitable evidenciar su dolor y desesperación mediante el llanto, ya que incluso, una de sus hijas de 13 años de edad, víctima del atentado y con un diagnóstico de depresión de tercer grado, ha intentado suicidarse en dos ocasiones.

La misma situación enfrenta Paz Bravo, quien señaló que en los próximos días su hija, víctima del atentado, será sometida a una nueva cirugía con un costo aproximado de 50 mil pesos, por lo que se sumó a la petición de sus compañeros de que las autoridades revaloren aumentar la atención a los afectados, pues las secuelas han resultado muy costosas.

La situación no es muy diferente para José Ángel López y su familia, quienes empeñaron las escrituras de su casa para costear una cirugía de riñón para su esposa, quien resultó con insuficiencia renal debido a la ingesta de medicamento para el dolor de las heridas que le dejaron las granadas del atentado terrorista, él está imposibilitado para trabajar, caminará con bastón de por vida y sus dos hijos aún son atendidos psicológicamente tras el acontecimiento violento.

“Nadie de nosotros puede decir que ya está sano en un 100 por ciento después del atentado, es difícil enfrentar las secuelas de lo que nos pasó y ahora tenemos que vivir con la impunidad del hecho después de que soltaron a los que decían que eran los responsables” agregó la señora Encarnación Dimas, quien estuvo presente en la reunión con las autoridades estatales.